Tribunal de Bogotá negó recurso de la defensa de Álvaro Uribe que pedía aplazar audiencia por caso de manipulación de testigos

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó un recurso de queja presentado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que buscaba aplazar la audiencia preparatoria en su contra por presunta manipulación de testigos.

Esta resolución se emitió el 2 de octubre de 2024, cuando el abogado defensor, Jaime Granados, solicitó un aplazamiento de siete días para revisar nueva evidencia obtenida de dispositivos electrónicos pertenecientes a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar y testigo clave en el caso.

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El tribunal determinó que la audiencia debía continuar según lo programado, destacando que la decisión de la juez Sandra Heredia no era susceptible de apelación y debía cumplirse de inmediato. Según el tribunal, la negativa de la juez a aplazar la audiencia estaba bien fundamentada, lo que llevó a la desestimación del recurso de queja interpuesto por la defensa de Uribe.

La defensa argumentó que el acceso tardío a la evidencia comprometía el derecho a una defensa efectiva, lo que, según ellos, constituía una violación de los derechos fundamentales del exsenador. Sin embargo, tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de las víctimas se opusieron al aplazamiento, alegando que el proceso no debía ser retrasado.

“Primero: Declarar correctamente negado el recurso de apelación formulado por la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez en contra de la decisión de 2 de octubre de 2024, por medio de la cual el Juzgado 44 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá negó a la defensa la solicitud de suspender la diligencia preparatoria programada para dicha fecha”, fue parte de la respuesta del Tribunal.

A pesar de la negativa del tribunal, la tutela presentada por Granados, que alega una violación del debido proceso y del derecho a la defensa, sigue en estudio. Esta tutela busca proteger los derechos fundamentales de Uribe en el marco del proceso judicial que enfrenta.

El caso de Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia, ha generado gran atención mediática y política en el país. Las decisiones judiciales en torno a este caso son seguidas de cerca, dado el impacto que pueden tener en la percepción pública y el legado político del exmandatario.

Álvaro Uribe Vélez se encuentra enfrentando un nuevo capítulo en su proceso judicial, luego de que su defensa accediera a dispositivos electrónicos clave del testigo Juan Guillermo Monsalve. Según se informó, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extracción forense de un computador, una memoria USB y un teléfono celular pertenecientes al exparamilitar, elementos que fueron incautados en 2020 en la cárcel La Picota de Bogotá.

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, explicó que la autorización para acceder a estos dispositivos fue otorgada por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Granados detalló que la extracción forense de las pruebas concluyó el pasado 30 de septiembre, pero aún no ha tenido oportunidad de verificar la información obtenida con la copia espejo proporcionada por la Fiscalía.

En medio de la audiencia preparatoria del juicio, Granados solicitó un aplazamiento de siete días para poder analizar adecuadamente las pruebas. Sin embargo, tanto la Fiscalía General de la Nación como la representación de las víctimas se opusieron a esta solicitud, argumentando que el proceso debía continuar. El delegado del Ministerio Público, por su parte, apoyó la petición de la defensa, considerando necesario el aplazamiento.

A pesar de las solicitudes, la juez a cargo decidió proseguir con la audiencia, argumentando que el descubrimiento probatorio ya había concluido. Granados insistió en que se reconsiderara la decisión, pero la juez se mantuvo firme en su postura de no aplazar el proceso.

Ante esta situación, la defensa de Uribe presentó un recurso de queja, alegando que la decisión de la juez violaba el derecho a la defensa de su cliente. Este recurso busca que se reevalúe la decisión de continuar con la audiencia sin el tiempo adicional solicitado para el análisis de las pruebas.