Los campesinos de Córdoba denunciaron que la entrega de más de 8.400 hectáreas de tierra que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, junto al exlíder paramilitar Salvatore Mancuso fue una farsa.
Según los habitantes de la zona, la promesa de devolver la tierra a sus verdaderos dueños no se estaría cumpliendo, pues están siendo entregadas de manera irregular a personas que no son de la región, que llegan en autobuses de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Además de su inconformismo, advirtieron que varios sujetos desconocidos se encuentran vigilando la finca La Argentina, lo que generó preocupación y temor, pero insisten en reclamar sus derechos que están siendo vulnerados, reveló Semana.
Con respecto a las denuncias de los campesinos cordobeses, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, se despachó contra el jefe de Estado por incumplirle a los colombinos y utilizar su poder para difundir información falsa sobre los logros de su mandato.
En ese sentido, dijo que esta información le quita credibilidad a Gustavo Petro, cuestionando si “¿habrá quién le crea al rey de las Fake News?”, indicó en su cuenta de X.
En respuesta a las declaraciones de la congresista de oposición, Felipe Harman, director de la entidad encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural afirmó que la entrega de tierras que anunció el primer mandatario el 3 de octubre se está realizando, según dicta la ley colombiana. A propósito, el funcionario explicó que los títulos de las tierras fueron entregadas a los miembros del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista.
“No, eso es falso. Todas las personas que recibieron tierra son parte del Comité Municipal de Reforma Agraria de Buenavista. Nosotros elegimos de la base de beneficiarios a partir de los comités municipales de reforma agraria, eso lo establece la Ley 160″, afirmó Harman al medio citado.
Álex Alberto Morales, abogado y defensor de derechos humanos encargado de representar a los habitantes de la zona, presentó la denuncia por presuntas irregularidades. En el documento fue incluido el presidente Gustavo Petro y a la Comisión de Verificación de los Acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El litigante también hizo énfasis en el miedo que tienen los habitantes del departamento, por la presencia de personas armadas en las tierras, que, a su juicio, “no es para menos, ellos saben lo que es vivir en medio de la guerra”. Por eso solicitaron a los líderes sociales y defensores de derechos humanos de la zona a que denuncien.
La delación que está en poder de las autoridades constató “el inconformismo de las víctimas del conflicto, mujeres, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos se trasladó a otras fincas del sur de Córdoba, Las Vegas, Tierra Grata, Carcajada, convirtiéndose en una protesta campesina para que se revaluara el proceso de entrega”.
Sin embargo, por reclamar su derecho a la tierra “la respuesta fue la represión con el Esmad y la utilización de personas no uniformadas, agrediendo, estigmatizando y atropellando con fuerza física, gases y granadas aturdidoras”, se lee en el documento.
Mientras que la preocupación crece, los pobladores de la región salieron a protestar para que el Gobierno nacional garantice la entrega de las tierras sin dilación. En una sola voz, “desmentimos los pronunciamientos de la Agencia Nacional de Tierras. No es cierto lo aseverado por este organismo, donde hablan de la entrega para las comunidades campesinas del sector del sur de Córdoba, sabemos que es un proceso lleno de vicios, que toca líneas de la ilegalidad”.