Jueza, hermana del gobernador de Santander, involucrada en la investigación por fuga de alias Pichi: “He perseguido a todos los narcos”, aseguró el funcionario

Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, se fugó recientemente de una urbanización en El Poblado, Medellín, donde cumplía una medida de detención domiciliaria.

Este escape ha generado una fuerte reacción de las autoridades de Medellín y Bucaramanga, quienes critican a los jueces encargados de su caso por ser permisivos con un individuo que ha violado su libertad condicionada en 14 ocasiones, según El Colombiano.

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El Consejo Nacional de Disciplina Judicial ha iniciado una investigación preliminar para determinar si hubo fallas disciplinarias en el manejo del caso de Pichi.

Esta investigación se centra en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, que lo absolvió de múltiples delitos, y en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas, que le otorgó la detención domiciliaria.

Coincidentemente, la jueza que absolvió a Camargo Ríos es María Piedad Díaz Mateus, hermana del gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

En una sentencia del 24 de julio, la jueza Díaz Mateus absolvió a Pichi de delitos graves como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Según el medio, la Fiscalía fue criticada por no presentar pruebas suficientes, y la Procuraduría también fue cuestionada por favorecer la absolución.

El gobernador Díaz expresó su descontento con el sistema judicial, calificando la fuga de Pichi como una burla al sistema. Además, destacó la necesidad de revisar los procedimientos judiciales y las pruebas presentadas por la Fiscalía, ya que considera que el expediente es débil.

Díaz también aseguró al medio mencionado que no tiene ninguna relación con la decisión de su hermana, la jueza María Piedad Díaz Mateus, que absolvió a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, de varios delitos en los últimos meses.

También mencionó que su carrera militar ha estado enfocada en la persecución de narcotraficantes peligrosos y delincuentes como Otoniel, del Clan del Golfo, y que continúa haciendo lo mismo en su administración en el departamento.

Aclaró además que desconocía que su hermana estaba a cargo del caso de ‘Pichi’ y enfatizó que en su departamento está enfrentando activamente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.

Los jueces han sido protagonistas la controversia por la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, la Jueza Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, Mónica Patricia Londoño, respondió firmemente a las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dándole la culpa de la fuga al juzgado de Bucaramanga.

La ministra había afirmado que, a pesar de las seis alertas emitidas por el Inpec sobre el riesgo de fuga, el juzgado no actuó con prontitud para revocar la medida de prisión domiciliaria.

En su respuesta, la juez aclaró que “no fue este despacho quien concedió la prisión domiciliaria al sentenciado”, indicando que esta decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga en una sentencia del 23 de abril de 2020.

Londoño explicó que su despacho solo asumió la “vigilancia de la pena impuesta” después de que alias Pichi fuera absuelto en otro proceso.

Además, enfatizó que la instalación de un brazalete electrónico fue una medida adicional para asegurar el cumplimiento de la sentencia, señalando que “solo hasta que ello ocurrió, se autorizó el traslado al domicilio, dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia”.

Respecto a las transgresiones a la prisión domiciliaria, la juez subrayó que el proceso no permite una revocatoria inmediata del beneficio, ya que se debe seguir el trámite legal correspondiente. “La ley consagra el trámite incidental en el que, luego de que la persona condenada y su defensor alleguen las explicaciones correspondientes, se procede a emitir decisión de fondo”.

La jueza insistió en la importancia de cumplir con los principios de debido proceso y defensa, afirmando que “obviar lo anterior constituiría una violación al debido proceso y derecho de defensa”. Finalmente, aclaró que el 8 de octubre de 2024, tras seguir el procedimiento legal, se revocó la prisión domiciliaria de Óscar Camargo Ríos.