El presidente Gustavo Petro negó vínculos personales con ministro de Defensa de Israel por compra de ‘Pegasus’

El presidente Gustavo Petro, señaló a través de sus redes sociales a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Iván Duque por la presunta compra ilegal del software de espionaje Pegasus.

Según el jefe de Estado, esta adquisición se habría utilizado para espiar a líderes juveniles y a su campaña política durante casi un año.

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“Pero antes que nada está la verdad y el ministro de defensa de Israel no miente frente a la compra ilegal de.” Pegasus” por el gobierno de Duque para espiar el liderazgo juvenil y a mi campaña durante casi un año”, publicó el presidente Petro a través de su cuenta de X.

En sus declaraciones, el mandatario colombiano mencionó específicamente al exgeneral Zapateiro, al general Vargas, al expresidente Duque, al señor Muñoz y al exministro Molano, instándolos a responder por estos hechos que, según él, implican lavado de activos y violaciones a los derechos humanos de la juventud colombiana y la oposición.

“El exgeneral Zapateiro, el general Vargas, el expresidente Duque, el señor Muñoz y el exministro Molano deben responder. No importa sus amenazas de golpe y su saboreo al actual gobierno, ustedes deben responder por un hecho que implica lavado de activos, y violación de los derechos humanos de la juventud colombiana y la oposición”, señaló Petro.

Petro también se refirió a su relación con el ministro de Defensa de Israel, aclarando que no existe ningún vínculo personal entre ellos. “La situación actual sobre Gaza nos separa total y tajantemente”, afirmó el presidente en su cuenta de X. Sin embargo, destacó que, a pesar de las diferencias políticas, el ministro israelí no miente sobre la compra ilegal del software por parte del gobierno de Duque.

“No tengo ninguna relación personal con el ministro de defensa de Israel, la situación actual sobre Gaza nos separa total y tajantemente.”, dijo el mandatario colombiano.

El software Pegasus ha sido objeto de controversia a nivel mundial debido a su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles y extraer información sin el conocimiento del usuario. Las acusaciones de Petro se suman a una serie de denuncias sobre el uso de esta tecnología para espiar a opositores políticos y activistas en diferentes países.

El presidente colombiano ha sido enfático en que las amenazas de golpe y las críticas al actual gobierno no eximen a los mencionados de rendir cuentas por sus acciones. Petro insistió en que la verdad debe prevalecer y que los responsables deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

En medio de una creciente controversia sobre el uso de tecnologías de espionaje en Colombia, el presidente Gustavo Petro reiteró sus acusaciones sobre la adquisición del software israelí Pegasus durante el mandato de su predecesor, Iván Duque.

Según Petro, el gobierno anterior habría realizado dos pagos por un total de 11 millones de dólares para adquirir este software, uno de los cuales fue transportado en efectivo a Israel en un avión, mientras que el otro fue transferido a través de una entidad bancaria colombiana.

Estas declaraciones de Petro se producen tras una investigación de la revista Cambio, que sugiere que el pago en efectivo podría haberse realizado en Bogotá, desafiando la versión oficial que sostenía que todo el dinero fue enviado directamente a Israel. La investigación señala que el efectivo fue transportado desde Colombia por un empleado de NSO Group y depositado posteriormente en un banco suizo, lo que ha captado la atención de las autoridades de varios países.

Por su parte, Iván Duque negó categóricamente estas acusaciones, afirmando que no existen registros de la compra de Pegasus durante su administración. En un comunicado, Duque aseguró que tanto el Ministerio de Defensa como la Dirección de Inteligencia de la Policía han confirmado que no hay registros de dicha compra en el Secop ni en los gastos reservados.

Este escándalo no es el primero en torno a Pegasus. En marzo, un informe del medio israelí Haaretz ya había detallado las transacciones entre el gobierno colombiano y NSO Group, afirmando que la compra se había acordado en efectivo por una cifra superior a los 12 millones de dólares. La credibilidad de los testimonios y registros se ha vuelto crucial en este contexto, especialmente frente a las negativas de Duque.

Las autoridades colombianas han abierto una nueva línea de investigación para esclarecer el origen del dinero y cómo fue extraído del presupuesto estatal. La complejidad del caso radica en el supuesto diseño estratégico de estos movimientos financieros, que buscarían dificultar su rastreo por parte de las autoridades.