Destituidos cuatro militares por asesinar a tres civiles desarmados, incluyendo una menor de edad

Cuatro militares del Ejército Nacional de Colombia han sido destituidos e inhabilitados por 16 años debido a infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los hechos ocurrieron durante la operación militar denominada ‘Alacrán’, llevada a cabo en la vereda Bocana del Chigüiro, una zona en disputa entre los departamentos de Meta y Caquetá.

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El ente de control determinó que los militares, pertenecientes al grupo ‘Sombra 3′ de la unidad ‘Agope Puma’ de la Brigada Móvil No. 1, dispararon sus armas de dotación contra tres civiles, entre ellos una menor, sin que existiera enfrentamiento alguno. Los involucrados son el cabo segundo Hugo Alberto Arévalo Landinez y los soldados profesionales Jhonny Mosquera Pastrana, Yeferson Lizcano Duque y Carlos Arturo Villamil.

La investigación reveló que los militares no verificaron si las personas atacadas eran combatientes o civiles protegidos internacionalmente, lo que constituye una violación grave de las normas del DIH. Según la Procuraduría, los militares no comprobaron si las víctimas participaban directamente en hostilidades o si podían ser consideradas objetivos militares legítimos.

El Ministerio Público subrayó que los militares conocían las reglas de uso de la fuerza y que la misión debía realizarse en estricto cumplimiento de las normas del DIH, tal como lo estipulaba la Orden de Operaciones 035. A pesar de ello, su actuación fue calificada como una falta gravísima a título de culpa gravísima.

Los sancionados tienen la posibilidad de apelar el fallo ante la Procuraduría delegada de Juzgamiento Disciplinario. Este caso resalta la importancia del cumplimiento de las normas humanitarias en operaciones militares y las consecuencias de su violación.

El Putumayo, una región en el sur de Colombia, se encuentra en el centro de una controversia tras la imputación de 24 militares del Ejército Nacional por su presunta participación en la muerte de 11 civiles. Entre las víctimas se encuentran un gobernador indígena, un líder social y un menor de edad, según informó la Fiscalía General de la Nación.

El caso se remonta al 28 de marzo de 2022, cuando en la comunidad rural de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, ocurrieron los hechos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las acusaciones ante un juez de control de garantías en Puerto Leguízamo.

Los cargos presentados contra los militares incluyen homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa. Durante la audiencia, los acusados se declararon inocentes, negando las acusaciones en su contra.

Entre los imputados se encuentran altos mandos del ejército, como el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, y el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez. También figuran los sargentos segundo Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, así como los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos.

Además, 17 soldados han sido identificados como parte de los implicados, entre ellos Dairo José Arboleda Toro, Edisson Javier Estaban Aguiar, José Efraín Letamo Yalanda, y Santander Licona Ramos, entre otros. Estos nombres fueron revelados en el contexto de la investigación que busca esclarecer los hechos ocurridos en la región.

La imputación de estos militares ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha puesto de relieve las tensiones en la región del Putumayo, donde las comunidades han denunciado repetidamente violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los acusados en los hechos.