Sector minero contraataca: demandas internacionales por USD1.300 millones sacuden al Gobierno colombiano

Empresas del sector minero decidieron emprender acciones legales contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Estas compañías argumentan que las decisiones judiciales y los problemas de orden público afectan sus operaciones. Las demandas en conjunto superan los 1.300 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 5,5 billones de pesos, y provienen de empresas dedicadas a la extracción de carbón y oro en el país.

Uno de los casos más destacados es el de Glencore, propietaria de Cerrejón, que presentó su demanda en 2021. Según la empresa, la decisión de la Corte Constitucional de suspender el desvío del arroyo Bruno, dictada en noviembre de 2017, impactó negativamente su inversión en el departamento de La Guajira. “Glencore espera que el Estado colombiano le pague una compensación de 489 millones de dólares”, lo que representa la mayor disputa minera que enfrenta actualmente el país.

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Glencore también enfrenta otro conflicto relacionado con Prodeco, una de sus filiales que operaba en las minas de carbón Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar. La compañía busca una compensación superior a los 70 millones de dólares por los retrasos en la liquidación de contratos de concesión, así como por las exigencias de consulta previa con la comunidad indígena Yupka, según lo establecido por la Corte Constitucional.

Zijin-Continental Gold, propietaria de la mina de oro Buriticá en Antioquia, también presentó una demanda contra el Estado colombiano. La empresa alega que la falta de intervención frente a la minería ilegal y la presencia de grupos armados en la mina Buriticá afectó gravemente sus operaciones. La demanda, presentada en julio de 2024, solicitó una compensación de 430 millones de dólares, de acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Aris Mining se encuentra inmersa en un cuarto conflicto legal desde 2018, el cual gira en torno a supuestas negligencias del Estado en relación con los disturbios en la región minera de Segovia y Marmato, en Antioquia, donde la compañía posee sus minas de oro. La empresa argumenta que su capacidad operativa se ve severamente perjudicada no solo por la falta de respuesta a los recursos de amparo que presentaron, también por la invasión de mineros “ancestrales” en áreas designadas como títulos mineros. Debido a estas circunstancias, Aris Mining exige una compensación de 383,4 millones de dólares.

Además de este caso, la situación de Minera El Roble añade una dimensión adicional al panorama legal del sector minero en Colombia. Esta empresa, reconocida como la única productora de cobre en el país, inició un arbitraje por 152.000 millones de pesos contra la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante el segundo trimestre del año, Minera El Roble reportó una producción de 3,7 millones de libras de cobre, lo que representa un notable incremento del 32% en comparación con el año anterior.

La empresa argumenta que la ANM realizó modificaciones unilaterales en las condiciones de su contrato minero, específicamente en lo que respecta al pago de regalías por la producción de cobre, lo que llevó a esta disputa legal.

Al cierre del primer semestre del año, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reveló la existencia de 43 procesos judiciales activos en los que empresas mineras demandaron a diferentes entidades estatales, incluyendo a Ecopetrol. Las pretensiones de estas demandas ascienden a un total de 3,82 billones de pesos. Los argumentos de los demandantes se centran en una supuesta planificación inadecuada y en decisiones erróneas que afectan la ejecución de los proyectos mineros, además de modificaciones e interpretaciones unilaterales de las normativas por parte de las autoridades.

Entre las principales quejas se encuentran los incumplimientos de las condiciones contractuales previamente acordadas, así como ejecuciones que resultaron en sobrecostos. Estos problemas provocaron la generación de órdenes de trabajo adicionales que superaron el valor original del contrato, lo que, a su vez, impactó el disfrute de un ambiente sano y causó daños al entorno ecológico.

Un porcentaje significativo de estos procesos, que representa el 39% del total, se vincula a ilegalidades en actos administrativos emitidos por diversas autoridades. En estos casos, los demandantes manifestaron su desacuerdo con las modificaciones realizadas a los contratos de concesión minera, las cuales suman un total de 369.000 millones de pesos.