Pablo Escobar y “Los Suizos”: así comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, militares jugaron un papel clave

Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más temidos y poderosos en la historia de Colombia, jugó un papel crucial en la creación y financiamiento de grupos paramilitares que contribuyeron al exterminio de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierda. Este exterminio, que incluyó el asesinato de más de 5.000 miembros y líderes del movimiento, se enmarcó dentro de una estrategia sistemática y violenta diseñada por diferentes sectores de la sociedad colombiana, incluyendo militares, políticos, empresarios y el narcotráfico.

Una decisión de la Fiscalía colombiana de declarar los crímenes contra la Unión Patriótica como delitos de lesa humanidad en 2014 sacó a la luz la profundidad de la alianza entre Escobar, los paramilitares y ciertos sectores del Estado. Durante los años 80 y 90, la UP, que surgió como parte de un acuerdo de paz con las Farc, representaba una amenaza para los intereses de las élites tradicionales y del narcotráfico. Con su creciente respaldo electoral, se convirtió en blanco de ataques tanto por parte de las fuerzas armadas como de grupos ilegales, respaldados por narcotraficantes como Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Una de las estrategias más brutales implementadas por Escobar fue la creación de un grupo conocido como “Los Suizos”, un término que no hace referencia a la nacionalidad, sino que se utilizaba en el argot criminal para designar a jóvenes sicarios entrenados para realizar misiones suicidas. Estos jóvenes, reclutados de los barrios más pobres de Medellín, eran manipulados por la promesa de grandes sumas de dinero y una vida de lujos, pero muchas veces eran enviados a misiones de las que no regresarían.

Entre las acciones llevadas a cabo por estos sicarios están los asesinatos de líderes políticos clave de la UP. Uno de los crímenes más emblemáticos fue el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la UP, quien fue abatido el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto de Bogotá por un sicario entrenado bajo este sistema. Este mismo tipo de operativo fue utilizado en otros crímenes de alto perfil, incluyendo la bomba en el vuelo 203 de Avianca y el atentado contra la sede del DAS, ambos perpetrados por jóvenes sicarios que fueron engañados sobre el verdadero propósito de sus misiones.

El caso de Jaramillo es solo uno de los tantos en los que la colaboración entre narcotraficantes y paramilitares fue evidente. Desde su concepción, los grupos de autodefensas y los carteles como el de Medellín compartieron intereses: la lucha contra la guerrilla y la eliminación de cualquier amenaza a su poder. Escobar no solo financiaba estas operaciones, sino que también participaba activamente en la planificación de los asesinatos de líderes de la izquierda. Gonzalo Rodríguez Gacha, otro de los capos más poderosos de la época, también jugó un rol crucial en estos crímenes, colaborando directamente con los grupos paramilitares para garantizar el exterminio de la UP.

La Fiscalía, en su investigación, reveló que el exterminio de la UP no fue obra de hechos aislados, sino parte de un plan coordinado que involucró tanto a actores ilegales como al propio Estado colombiano. La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), fundada en 1984 con el supuesto fin de defenderse de la guerrilla, fue en realidad una fachada para los intereses del narcotráfico y los paramilitares. El grupo se formó con la participación de militares, políticos y narcotraficantes, como Pablo Escobar, quienes vieron en la UP una amenaza que debía ser eliminada.

La participación de militares de alto rango también fue evidente. El general Faruk Yanine Díaz, el coronel Carlos Alfonso Vásquez, y otros miembros de las Fuerzas Armadas fueron señalados por varios testigos como actores que facilitaron y apoyaron las operaciones paramilitares. Estas operaciones no solo tenían como objetivo a los líderes visibles de la UP, también a las bases del partido, incluyendo a miles de militantes y simpatizantes que fueron asesinados en masacres organizadas por grupos paramilitares, financiados por el narcotráfico.

La violencia sistemática que enfrentó la UP durante más de una década tuvo un impacto devastador en la política colombiana. Con la eliminación de miles de miembros del partido, incluyendo dos candidatos presidenciales y numerosos congresistas, el movimiento quedó prácticamente desmantelado. Sin embargo, este capítulo oscuro de la historia colombiana sigue siendo un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que la justicia continúa investigando los crímenes y buscando responsables.

Aunque pasaron casi 40 años desde los primeros asesinatos, el Estado colombiano tiene la obligación de esclarecer completamente los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. La colaboración entre Pablo Escobar, los paramilitares y sectores del Estado fue determinante en la aniquilación de un movimiento que intentaba ofrecer una alternativa política en un país devastado por el conflicto armado.