La Dirección Nacional de Inteligencia negó haber comprado el software espía Pegasus que denunció Gustavo Petro

A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) negó categóricamente haber adquirido el software espía Pegasus para usarlo en diferentes operaciones en el país.

Esta declaración se produjo en respuesta a una solicitud de información presentada por el abogado Santiago Suárez Morales, que buscaba aclaraciones sobre el uso de este tipo de tecnología en Colombia.

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La DNI afirmó que, tras realizar verificaciones internas, no se encontró ningún documento contractual o financiero que evidencie la compra de Pegasus para actividades de inteligencia. Este software, desarrollado en Israel, ha sido objeto de controversia a nivel mundial por su capacidad para interceptar comunicaciones y acceder a dispositivos móviles.

“La Dirección Nacional de Inteligencia realizó las respectivas verificaciones al interior de la entidad sobre la posible existencia del software en mención, frente a lo cual no se evidenció ningún documento contractual o financiero en el que conste que se haya adquirido para el desarrollo de las actividades misionales en el cumplimiento de alguna de las funciones legalmente atribuidas a esta Entidad”, se observa en el documento.

El tema cobró relevancia después de que el presidente Gustavo Petro mencionara en una alocución del 4 de septiembre que Pegasus supuestamente fue utilizado durante el gobierno de su predecesor, Iván Duque. Sin embargo, la Dirección Nacional de Inteligencia sostuvo que sus actividades se centran en fenómenos que podrían afectar los bienes protegidos por el Estado y no en la individualización de personas naturales o jurídicas.

La controversia se intensificó cuando el Consejo de Estado admitió una tutela que exigía al presidente Petro presentar pruebas de la compra del software durante el mandato de Duque. En respuesta, Petro defendió su postura, afirmando que siempre ha actuado dentro de la ley y que no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales.

“Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano. El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta”, indicó el presidente Petro al Consejo de Estado.

El director de la DNI, Jorge Lemus, también se pronunció sobre el tema en el Congreso de la República el 18 de septiembre, indicando que, aunque el software podría haberse utilizado, no hay indicios de que se haya comprado oficialmente. Esta declaración refuerza la posición de la DNI de que no existen registros de la adquisición de Pegasus.

“Sus actividades (las de la DNI) van direccionadas a fenómenos que puedan afectar los bienes superiores protegidos por el Estado”, afirmaron desde la DNI.

El documento de esa entidad resalta que esta fue creada como un organismo civil de seguridad para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia, con límites claros en sus procedimientos para no afectar la estabilidad del Estado. La aclaración de la Dirección Nacional de Inteligencia llega en un momento crítico, dado el plazo fijado por el Consejo de Estado para que el presidente Petro presente pruebas sobre el uso del software espía.

Gustavo Petro defendió su discurso sobre la supuesta compra del software Pegasus, en respuesta a una tutela admitida por el Consejo de Estado. Según la información proporcionada, el presidente tiene un plazo de dos días para presentar un informe detallado sobre sus declaraciones, en las que denunció la adquisición de este controvertido software.

En su defensa, Petro argumentó que su discurso fue “conforme a la ley de seguridad” y enfatizó que no se puede restringir su capacidad de tomar decisiones legales y constitucionales. A través de su cuenta en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, el mandatario subrayó que “al Presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales” y que “el voto popular se respeta”.

La tutela busca que el presidente amplíe su explicación sobre la compra de Pegasus, ya que hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Las investigaciones internas llevadas a cabo por la Fiscalía, la Policía, la Dirección de Inteligencia y el Ministerio de Defensa no han encontrado evidencia que confirme la adquisición de dicho software.

Petro insistió en que su intervención fue realizada en el marco de la legalidad y que su libertad de expresión y acción es un derecho inherente en una democracia. Esta situación ha generado un debate sobre los límites de las declaraciones presidenciales y la necesidad de pruebas que sustenten acusaciones de tal magnitud.