Desde la mañana del 9 de octubre del 2024, en redes sociales se ha registrado cómo comunidades indígenas y poblaciones afro han llegado a la Universidad nacional, exactamente al Departamento de Geociencias y la Facultad de Ciencias Humanas.
Con ollas, carpas y colchones, unas doscientas personas han manifestado su permanencia, por lo menos hasta el domingo 13 de octubre. Según indican, su estadía y protestas son en respuesta a la baja participación afro en las políticas actuales de la presidencia de Gustavo Petro.
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Cientos de personas de comunidades afrodescendientes, provenientes de diversas regiones de Colombia, como Barrancabermeja, Magdalena, San Andrés, y Tumaco, llegaron a Bogotá.
Esta acción forma parte de la gran Movilización del Pueblo Negro, que busca visibilizar la crisis humanitaria y los incumplimientos históricos relacionados con sus territorios.
La protesta tiene como objetivo principal concentrarse en la Plaza de Bolívar, un lugar emblemático para manifestaciones en la capital colombiana.
Según uno de los participantes de esta movilización, en conversaciones con La Fm, hay una crisis humanitaria que afecta al país.
Líderes comunitarios han enfatizado, a ese medio, la necesidad de avanzar en la titulación colectiva de tierras y en la implementación de proyectos productivos que beneficien a estas comunidades.
Se busca que el Estado colombiano cumpla con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, que incluye una inversión de 27 millones de pesos destinada a las comunidades negras.
La Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos de las comunidades afrocolombianas sobre sus territorios ancestrales, es una pieza clave en este proceso. Sin embargo, estos líderes comunitarios han señalado que su reglamentación e implementación integral aún están pendientes.
La falta de acceso a tierras suficientes y la necesidad de proyectos que impulsen la comercialización de productos locales son algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa, según indican los manifestantes.
En este contexto, se ha destacado la importancia de implementar el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, que busca construir la paz desde los territorios.
Este enfoque incluye no solo la dotación de tierras, sino también el desarrollo de infraestructura como vías terciarias, conectividad y electrificación rural, elementos esenciales para reducir la brecha de inequidad y desigualdad que afecta a estas comunidades.
La movilización pacífica y cultural de las comunidades afrodescendientes en la capital del país, según indican, es una manifestación de su determinación por exigir el cumplimiento de sus derechos.
Los líderes han expresado que, en caso de que el Estado no cumpla con sus compromisos, las calles se convertirán en el escenario de negociación. Esta movilización busca también sensibilizar a la sociedad colombiana sobre el papel de estas comunidades como parte de la solución a los problemas del país, y no como un problema en sí mismo.
La participación en los diferentes poderes públicos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial, es otra de las demandas de estas comunidades. Se busca un mayor nivel de inclusión en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas y territorios.
Si bien la movilidad en Bogotá se ha visto afectada por dichas movilizaciones, a corte de las 12:10 p. m., no se ha reportado disturbios.
Nuevas directrices sobre el uso de la fuerza en protestas y movilizaciones
El Decreto 1231 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez, introduce nuevas directrices para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia. Esta normativa, que entró en vigor el 3 de octubre, busca asegurar que el uso de la fuerza sea diferenciado y proporcional, priorizando la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
El decreto establece que los agentes de policía no podrán emplear armas de fuego ni fuerza letal para proteger bienes materiales o jurídicos que sean considerados de menor valor que la vida humana.
Esta disposición es especialmente relevante en situaciones de manifestaciones, como las ocurridas durante el estallido social, donde se registraron incidentes de violencia y destrucción de infraestructura, como los CAI (Comandos de Atención Inmediata).
Además, la normativa afecta a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente conocida como Esmad. Se especifica que la fuerza solo podrá ser utilizada de manera necesaria, proporcional y racional, y únicamente cuando sea imprescindible para cumplir con un objetivo legítimo de aplicación de la ley. Esto implica un cambio significativo en la manera en que las fuerzas del orden deben abordar situaciones de conflicto, buscando siempre minimizar el uso de la fuerza y priorizar el diálogo.