Ministro Iván Velásquez defendió nueva directriz para controlar la protesta social: “No ata de manos a la Policía Nacional”

Desde su expedición, el Decreto 1231 de 2024 ha sido objeto de múltiples críticas, fundamentalmente por parte de opositores al Gobierno Petro.

El mencionado decreto pone freno a la aplicación de fuerza letal para la protección de bienes materiales adscritos al Estado, es decir bienes públicos.

Es por ello que, en recientes declaraciones, el ministro Iván Velásquez ha dado algunas aclaraciones al respecto, pues hay quienes consideran que los agentes del orden quedarían sin margen de acción ante posibles arremetidas violentas contra la infraestructura.

“No es cierto que ese decreto ate las manos de la Policía Nacional, no es verdad que lo someta a graves riesgos, el derecho a proteger su integridad siempre será un derecho, y en ningún decreto ni en este, limitan el ejercicio”, señaló el funcionario.

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El ministro de Defensa señala que delimitar la aplicabilidad de la fuerza legitima el accionar del Estado y evita ambivalencias ante posibles conflictos por abuso de autoridad.

“El uso de la fuerza debe ser el último recurso y cuando se considere el caso de ser utilizada de forma proporcionada, razonable y en estricto cumplimiento de la ley. Esta regulación no solo protege a la ciudadanía sino que refuerza la legitimidad de la fuerza”, expuso.

Este decreto introduce un cambio significativo en la forma en que la Policía Nacional aborda sus intervenciones. Allí se establece un modelo de actuación en el que se priorizan el diálogo y los medios no violentos como primera opción, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. El ministro Iván Velásquez destacó que esta norma no solo transforma la normativa policial, sino que impulsa un cambio cultural dentro de la institución.

“La protección de la vida, la libertad y la integridad de cada ciudadano es un deber esencial, y el respeto a los derechos humanos debe guiar cada acción de nuestra Policía”, afirmó Velásquez, subrayando que el uso diferenciado y proporcional de la fuerza será clave en la nueva normativa.

El decreto es el resultado de un proceso participativo que incluyó a diversas organizaciones de la sociedad civil y busca consolidar una Policía más respetuosa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de reforzar la transparencia institucional. Velásquez señaló que cada uso de la fuerza será registrado y explicado, garantizando la rendición de cuentas tanto ante los órganos de control como ante la sociedad.

Entre los puntos clave del decreto se incluyen la prioridad al diálogo como método principal de intervención, la prohibición del uso de medidas extremas para proteger bienes materiales cuando comprometan la vida humana, y el uso proporcional de la fuerza según la gravedad de cada situación. También se regula el uso de armas menos letales, limitando las armas de fuego a situaciones de peligro inminente de muerte o lesiones graves.

El ministro aseguró que esta norma es un paso decisivo hacia la consolidación de una Policía más humana, cercana y transparente, con un enfoque en la protección de los ciudadanos y la convivencia pacífica.

La normativa, que entró en vigor el 3 de octubre, busca regular el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, priorizando la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. “Aplica a todo el personal uniformado la Policía Nacional, como titular del uso diferenciado y proporcional de la fuerza en protección de los derechos y deberes humanos, la seguridad y la convivencia ciudadana”, se lee en el documento.

El decreto también afecta a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente conocida como Esmad. Se especifica que la fuerza solo podrá ser utilizada de manera necesaria, proporcional y racional, y únicamente cuando sea imprescindible para cumplir con un objetivo legítimo de aplicación de la ley. Además, se enfatiza que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben limitarse a usar la fuerza que sea razonablemente necesaria en situaciones como “dispersar una reunión, prevenir el delito o efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o ayudar a efectuarla”, especifica textualmente el decreto.