Ministro Cristo critica investigación del CNE en contra de Petro y afirman que es competencia de la Comisión de Acusaciones

Cristo argumentó que el CNE no debería investigar directamente al presidente, ya que, según él, esta labor corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

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Juan Fernando Cristo, ministro del Interior- crédito Colprensa
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior- crédito Colprensa

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió recientemente a la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto contra el presidente Gustavo Petro, destacando lo que considera como una afectación al fuero presidencial.

Por medio de su cuenta de X, Cristo expresó que “todas las campañas presidenciales de las últimas décadas han sido investigadas por una autoridad administrativa como el Consejo Nacional Electoral. Ningún presidente de la República había sido investigado antes por ese organismo, simplemente porque es inconstitucional. El irrespeto al fuero integral del jefe de Estado es un grave precedente. Lo que procedía era dar traslado a la Comisión de Acusaciones”.

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Cristo argumentó que el CNE no debería investigar directamente al presidente, ya que, según él, esta labor corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Subrayó que esta atribución está protegida por la Constitución y que el hecho de que el CNE haya decidido involucrarse directamente en este tipo de indagaciones podría sentar un precedente preocupante en relación con el respeto a la figura del jefe de Estado y a las competencias constitucionales de las instituciones colombianas.

Por su parte, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, respaldó la postura de Cristo. En su declaración, enfatizó que “al presidente de la República solo lo puede investigar la Comisión de Acusaciones. El respeto a las instituciones y a la Constitución debe ser irrestricto”, reafirmando que la competencia sobre un proceso de este tipo corresponde a la entidad encargada por mandato constitucional.

Paralelamente, el presidente Gustavo Petro también respondió a las acciones del CNE en una alocución. En su discurso, manifestó que el proceso iniciado por el CNE supone una vulneración a su fuero integral.

Petro anunció: “Le hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación que haga público el expediente, para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder del Consejo Nacional Electoral.”

El presidente Petro además informó que en la revisión de sus cuentas de campaña se incluyó una auditoría independiente.

Presidente Gustavo Petro  - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
Presidente Gustavo Petro - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Según Petro, esta auditoría, llevada a cabo por Nexia Internacional, determinó el 19 de septiembre que las cuentas de su campaña cumplieron con los requisitos de transparencia y que las observaciones realizadas al inicio fueron debidamente respondidas por el equipo financiero.

El presidente señaló que “la auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia Internacional, una multinacional de las más altas y probadas calidades dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña.”

El debate sobre la competencia de los organismos que intervienen en este proceso subraya la controversia que genera esta situación. La defensa de Cristo y el respaldo de Sarabia buscan fortalecer el argumento de que el presidente debe ser investigado únicamente por la Comisión de Acusaciones, de acuerdo con la Constitución, sin que otro ente administrativo intervenga en este tipo de situaciones.

Con esta posición, el Gobierno sugiere que las decisiones del CNE podrían interpretarse como una intromisión en las funciones de las entidades que, por mandato constitucional, tienen la atribución exclusiva de investigar a un presidente en funciones.

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