La campaña que llevó a cabo Gustavo Petro para ser elegido presidente de Colombia no ha estado exenta de controversias. Al igual que con el expresidente Iván Duque, que supuestamente recibió apoyo económico de terceros para su respectivo proceso electoral, la campaña Petro Presidente será investigada por la presunta violación del tope electoral: cinco mil trescientos millones de pesos ($5.300.000.000) para las dos vueltas.
Según el comunicado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habrían ocultado aportes, préstamos y reportes de pago de diferentes entidades, partidos y federaciones como la Federación Colombiana de Educadores FECODE
Luego de cinco meses desde que se dio a conocer la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz ante la Sala Plena del CNE, el 8 de octubre de 2024 se confirmó la solicitud en la que se pidió una investigación al actual primer mandatario, que será investigado en su calidad de candidato y no como presidente.
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A su vez, Ricardo Roa, actual presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), será investigado por las mismas acusaciones. En este proceso también están vinculados Lucy Aydée Mogollón, tesorera; y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, señalados de vulnerar al régimen de financiación de las campañas electorales.
La votación llevada a cabo en la Sala Plena del CNE no fue unánime, es decir, los magistrados encargados de deliberar la ponencia no estuvieron de acuerdo en un cien porciento, pues la decisión se determinó en contra de Petro con siete votos a favor y dos en contra. Las magistradas que no estuvieron de acuerdo con este proceso fueron Fabiola Márquez y Alba Lucía Ramírez.
Al respecto, Ramírez cuestionó la investigación al asegurar que el CNE no es competente para realizar este proceso. En una entrevista para La FM, afirmó no estar de acuerdo con la decisión: “Mi postura respecto a la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral sobre si debemos o no investigar al presidente ha sido clarísima. Yo no estoy de acuerdo, el CNE no tiene la competencia y me mantengo en esa postura”.
Agregó que la investigación debe llevarla a cabo el Congreso de la República por medio de la Comisión de Acusaciones: “Las autoridades competentes para conocer la investigación del señor presidente son la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y si hubiese razones jurídicas, el Senado sería quien le impondría la sanción correspondiente”.
Los ponentes encargados de presentar el pliego de acusaciones contra Petro serán los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz y según la magistrada Ramírez, ellos mantendrán su posición hasta el cierre del proceso.
También aseguró que esperará los resultados de la investigación: “Hay que esperar que los ponentes sigan el proceso y, al final, tomen la decisión que consideren pertinente de acuerdo con lo que han investigado, las pruebas que están en el expediente y lo que los apoderados o los defensores de las partes procesales aporten al proceso”.
Opiniones divididas tras la decisión
Por su parte, Gustavo Petro aseguró que todo este proceso se trata de un golpe de Estado en su contra. A través de su cuenta de X aseguró que: “Ha comenzado el golpe de Estado”, un discurso que ha venido manejando en los últimos meses, cuando recibió las primeras denuncias en su contra. También llamó a un movimiento popular para demostrar que están en contra de esta ratificación.
Por otra parte, líderes de la oposición celebraron esta decisión, asegurando que se hizo justicia por este proceso. Analistas consultados por diferentes medios coinciden que esto irá en contra de la legitimidad y buen nombre de Gustavo Petro, que tiene una imagen desfavorable del 62% según la encuesta realizada por Invamer en Junio de 2024.