En Colombia, el proceso de selección de jueces y magistrados, bajo la Convocatoria 27 del Consejo Superior de la Judicatura, se ha convertido en un tema candente debido a una serie de supuestas irregularidades y retrasos.
“Este concurso, con un costo de más de 26.000 millones de pesos, es el más largo de los últimos treinta años”, denuncia Nidia Gómez, representante de la Iniciativa Formación Judicial.
A lo largo de seis años, y con al menos dos más por delante, el concurso está plagado de deficiencias que obstaculizan su eficacia y transparencia, comprometiendo la cobertura de las casi tres mil vacantes actuales y futuras.
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El proceso comenzó en 2018 con la intención de seleccionar mediante méritos, como lo establece la Constitución Política de Colombia, candidatos capaces para ocupar cargos vacantes esenciales en la administración de justicia.
Sin embargo, de los 43.000 abogados que inicialmente se presentaron, apenas 3.800 pasaron un exigente examen de conocimientos. De estos, por la fase del IX Curso de Formación Judicial, permanece solo un reducido grupo de 2.310 aspirantes, un número insuficiente para cumplir con la demanda existente de personal judicial.
Las controversias aumentan, dado que de acuerdo con la denuncia de 750 afectados, “la Escuela Judicial Lara Bonilla contrató a una unión temporal sin experiencia en formación y evaluación judicial”.
Esta falta de experiencia ha provocado un proceso educativo y evaluativo inadecuado, lleno de irregularidades y errores identificados por expertos. Un perito destacó problemas como evaluaciones confusas y preguntas irrelevantes que entorpecen el proceso cognitivo de los concursantes.
A lo largo del IX Curso de Formación Judicial, destinado a ser el 20% del proceso total de selección, los aspirantes se encontraron con evaluaciones parciales previstas a lo largo de seis meses, pero que en realidad se concentraron en solo dos días.
Se observó que las evaluaciones, “denominadas talleres o análisis de caso”, resultaron ser preguntas de selección múltiple y de completar simple. Además, las plataformas virtuales utilizadas reportaron inconvenientes de seguridad, lo que cuestiona la efectividad del sistema de proctoring antifraude usado.
Gómez insiste en que “una lista que no cubra las vacantes actuales y las que estén por generarse es una omisión del Consejo Superior de la Judicatura a su obligación constitucional y legal”. Al permitir que la lista de elegibles sea insuficiente y optando por nombramientos provisionales basados en criterios personales, el Consejo podría estar fomentando el clientelismo en vez de fortalecer el mérito.
Debido a las deficiencias mencionadas, más del 49% de los participantes ya han sido excluidos del concurso. Con un proceso diseñado para evaluar aptitudes judiciales, resulta fundamental que tanto la educación como los métodos de evaluación cumplan con parámetros claros, algo que no ha sucedido hasta ahora. Las críticas señalan que algunas evaluaciones requerían memorizaciones extensivas e información no cubierta durante el proceso formativo, lo que resulta en evaluaciones poco representativas de las competencias necesarias para futuros jueces.
Además del impacto financiero y operativo dentro del sistema judicial del país, según la denuncia la duración y las condiciones del concurso afectan gravemente a los participantes, que deben mantener su disponibilidad y preparación a lo largo de un extenso período de tiempo, con efectos profundos en sus vidas personales y profesionales.
Desde que comenzaron las grandes irregularidades en el proceso, se han presentado más de 100 acciones legales por parte de los participantes, quienes han ganado la mayoría de ellas en un intento de corregir el curso del proceso. Gómez y su organización abogan por “la re-inclusión de los 1.500 profesionales que fueron descartados del Curso de Formación Judicial”. Propone que esta etapa del curso sea clasificatoria o se repita para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los aspirantes y asegurar un proceso justo y transparente.
El futuro del sistema de justicia colombiano está en juego si estas irregularidades persisten. La clasificación transparente y efectiva de candidatos es esencial para garantizar que el servicio de justicia sea autónomo y libre de presiones externas. En definitiva, el Consejo Superior de la Judicatura enfrenta un reto significativo para cumplir con su compromiso constitucional, asegurando que todos los nombramientos judiciales se realicen por méritos y se alivie la creciente presión en el sistema judicial nacional.