De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Gustavo Petro habría violado los topes de financiación de su campaña de 2022 en $5.355.748.119. El dinero que ingresó a su campaña no aparece reportado, pero sí fue utilizado para diversos gastos, como el pago de testigos electorales y trasporte. Por eso, la autoridad electoral decidió abrir una investigación formal a la campaña y formular pliego de cargos contra el primer mandatario.
La decisión no cayó bien en el jefe de Estado, que la catalogó como el inicio de un “golpe de Estado”, generando una ola de críticas en su contra y un fuerte debate en torno a la competencia del CNE para adelantar esos procesos. Sin embargo, el gabinete del Gobierno nacional ya se pronunció al respecto, respaldando al primer mandatario.
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Ministros, ministras y altos directivos se pronunciaron en un comunicado conjunto, en el que pusieron en conocimiento los hechos para alertar a la comunidad nacional e internacional. Esto, al considerar que la formulación de cargos puede “traer graves consecuencias” en la democracia del país y los principios que protegen el Estado de derecho y al presidente y sus funciones.
Desde la perspectiva de los altos funcionarios, que es la misma del primer mandatario, el CNE no es competente para adelantar una investigación en contra del presidente, ya que goza de un fuero integral subjetivo y funcional. Sin embargo, esta normativa se vería desdibujada con el pliego de cargos en su contra.
“El CNE se arrogó una competencia inexistente en el sistema constitucional colombiano, pues vulneró el debido proceso previsto en la Convención Americana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El CNE mezcló criterios que deben diferenciarse con claridad: una cosa es su competencia para investigar la campaña, y otra atribuirse de manera excesiva la función de investigar a un aforado constitucional, como lo es el presidente”, se lee en el comunicado de ministros y altos directivos.
De igual manera, indicaron que la jurisprudencia constitucional fue dejada de lado, así como la objetividad y la imparcialidad de los magistrados del Consejo. Sin embargo, según explicaron, esta presunta extralimitación de funciones no sería un simple error, sino que respondería a un solo fin: bloquear el avance de las políticas públicas del Gobierno, así como sus reformas que están siendo debatidas en el Congreso de la República.
“Los aquí firmantes representamos al primer gobierno progresista en la historia del país y rodeamos al señor presidente, respetando la dignidad que la Constitución y el pueblo de Colombia le otorgan. Hoy, 9 de octubre de 2024, como gabinete nacional, invitamos e instamos a defender la democracia y el Estado de derecho”, concluyeron.
Movilizaciones y pruebas de la violación de topes
Debido a la decisión del CNE, el presidente Gustavo Petro instó a la ciudadanía a movilizarse para respaldarlo e informó que la Asamblea Nacional Popular se encargará de dirigir las protestas a nivel nacional e internacional. “No se trata de llenar una plaza, que ya hemos llenado muchas, e irnos para la casa. Esto tiene que tener una característica diferente (sic) y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder”, aseguró el primer mandatario en una entrevista con la Red Nacional de Medios Comunitarios.
El abogado del jefe de Estado, Mauricio Pava, solicitó que se levanten las reservas existentes relacionadas con el expediente en el que yace la investigación sobre la presunta violación de topes de financiación de la campaña.
“Solicito a la Comisión de Investigación y Acusación que haga público el expediente, para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y tres inspecciones judiciales que se han llevado a cabo”, indicó el presidente.