Exlíderes de las Farc piden sanción única por conflicto: “Se requerirían 265 años para resolver todos los expedientes pendientes”

Desde una perspectiva diferente, miembros destacados del ex secretariado de las Farc solicitaron oficialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una única sanción por los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Esta petición fue liderada por los senadores y antiguos comandantes guerrilleros Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, que detallaron que la solicitud pretende que se unifiquen los procesos judiciales contra excombatientes no determinantes, muchos de los cuales aún enfrentan penas de prisión.

El objetivo principal de esta solicitud es restablecer el propósito original de la JEP, que, según ellos, se creó “no como un tribunal penal ordinario, sino para cerrar un conflicto de más de seis décadas”. En un acto de compromiso con la paz, explicaron que decidieron renunciar a su presunción de inocencia y asumir la responsabilidad de los delitos que reconocieron voluntariamente. Sin embargo, aclararon que esta aceptación de culpabilidad no es “un cheque en blanco” para incluir otros delitos en los que no fueron partícipes o sobre los cuales no declararon.

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Lozada explicó que delitos como violencia sexual y esclavitud no están incluidos en esta renuncia, ya que no fueron parte de sus confesiones ante la JEP. También comentó que esta solicitud no tiene intención de eludir los casos que siguen abiertos en la Fiscalía. Precisamente, durante una reunión con la fiscal Luz Adriana Camargo, se discutieron aproximadamente 3.000 casos que aún están pendientes en la Fiscalía y 94.000 adicionales que también vinculan a antiguos combatientes en procesos bajo la jurisdicción de Justicia y Paz.

En este contexto, Lozada señaló las dificultades que enfrenta la JEP en términos de tiempo y capacidad. El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, afirmó que la responsabilidad de la antigua guerrilla es fundamental para lograr la verdad completa de los crímenes cometidos durante el conflicto. A esto, Lozada respondió que un proceso de verdad tan exhaustivo podría llevar más de un siglo si se persigue cada caso de manera individual. “Se requerirían 265 años para resolver todos los expedientes pendientes”, agregó, considerando los recursos que la JEP y otras entidades como Justicia y Paz necesitarían.

Los exlíderes de las Farc insistieron en que esta propuesta de una única sanción es la forma más eficiente de avanzar hacia la reconciliación, permitiendo a la JEP responder con agilidad y aliviando una carga judicial que, de otro modo, podría sepultar la verdad en un mar de procesos interminables.

En un comunicado, recalcaron la necesidad de una respuesta pronta de la JEP, que tiene un plazo de 15 días para definir si acepta la solicitud de sanción colectiva. La propuesta incluye una pena máxima de ocho años, según los términos del Acuerdo de Paz de La Habana, siempre que los acusados cooperen con la verdad y la reparación a las víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) que revise los casos de 2.721 víctimas de secuestro atribuidos a las extintas Farc, marcando un avance significativo en el complejo sistema de reparación de víctimas en Colombia.

Este proceso, encabezado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, apunta a incluir a las víctimas y sus familias en el Registro Único de Víctimas (RUV), permitiéndoles acceder a medidas de reparación y justicia. Además, se solicitó a la Uariv que revise casos de víctimas previamente registradas que no fueron reconocidas por la totalidad de los delitos sufridos, incluyendo violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

A pesar de la importancia de esta medida, algunos sectores cuestionan la capacidad de la Uariv para cumplir con la revisión dentro del plazo establecido, el 1 de septiembre de 2025. Las víctimas, que esperaron durante años para ver avances en su proceso de reparación, muestran preocupación ante la posibilidad de nuevos retrasos, ya que los trámites burocráticos suelen alargar los tiempos. La JEP también ordenó informes de avance, comenzando el 2 de diciembre de 2024 y continuando en marzo y junio de 2025, para evaluar el progreso de esta revisión.

La colaboración de organizaciones como la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) y otras defensoras de derechos humanos será esencial para facilitar la recopilación de información. Sin embargo, algunos expertos en el tema señalan que estos esfuerzos de colaboración podrían no ser suficientes para superar los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de reparación. Además, el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de tomar declaraciones de las víctimas aún no registradas, un paso que genera escepticismo debido a la lentitud que históricamente ha caracterizado este proceso.