El Gobierno nacional ha planteado varias reformas para diferentes ámbitos, por ejemplo, la laboral, pensional o la de salud, han pasado por el Congreso de la República.
Se conoció que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia, presentarán un proyecto de ley que pretende modificar aspectos en el funcionamiento del actual sistema judicial.
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El documento, de 15 páginas, que será radicado ante el Congreso el 9 de octubre de 2024, buscaría ajustar condiciones de acceso a beneficios para los procesados que admitan su culpabilidad penal, además facultades para los fiscales en casos en los que la preservación de pruebas sean de alta prioridad.
El fin de esta propuesta es agilizar los procesos judiciales y garantizar un acceso a la justicia digno a los colombianos. Según se puede leer en el artículo 1 del documento: “La presente ley tiene por objeto restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales a través de los mecanismos de terminación anticipada, y garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral y de justicia”.
¿Cuáles son los puntos clave del proyecto de ley?
Son varios los puntos a tener en cuenta en este proyecto. Uno de ellos es la reparación integral que busca modificar la causal de preclusión de un proceso penal con condena de máximo seis años de prisión. Esto solo aplicaría para quienes acepten su responsabilidad en delitos como homicidio culposo o lesiones personales culposas.
Otro ámbito relevante es la justicia premial, que permite a personas judicializadas asegurar rebajas de condena al aceptar sus cargos.
En este punto hay dos propuestas:
- Para delitos graves como los sexuales contra menores, el secuestro o el terrorismo, la rebaja será de hasta el 50%, pero el porcentaje variará de la etapa procesal en la que se acepten los cargos.
- El proyecto plantea eliminar la menor rebaja de la pena en los casos de captura en flagrancia y extender los beneficios para delitos como el feminicidio.
El tercer punto a tener en cuenta son las pruebas anticipadas, pues los fiscales tendrían facultades para solicitar una práctica anticipada de evidencias en casos en los que los testimonios pudieran verse comprometidos con el tiempo. Esto deberá realizarse ante un juez garantizado para tener validez.
Además, el principio de oportunidad también tendría cambios, pues la reforma permitiría interrumpir el proceso cuando sea necesario para concretar negociaciones entre la Fiscalía General de la Nación y el acusado; no obstante, se establecen restricciones para delitos graves como el tráfico de estupefacientes, terrorismo o financiación a actividades terroristas, en los que solo se puede aplicar el principio de oportunidad si los acusados no son cabecillas, organizadores o promotores de las organizaciones delictivas.
También, se prohíbe la aplicación del principio de oportunidad en acusaciones relacionadas con crímenes de guerra o investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Finalmente, el control de garantías tendría una modificación para quienes no sean congresistas, pues un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá asumiría la función de juez de control de garantías y las apelaciones serían resueltas por la siguiente Sala del mismo tribunal.
El documento está firmado por Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema; Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal General; y Ángela María Buitrago, ministra de Justicia. Cabe destacar que como conclusión aseguran que las medidas propuestas son “idóneas para aumentar los índices de justicia como valor constitucional”.
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