La investigación del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue su curso en la Fiscalía General de la Nación.
En la mañana de este miércoles 9 de octubre, se conoció que la defensa del exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, solicitó al ente investigador que pueda desarrollarse una petición de interrogatorio, con el que se pueda expresar su versión de los hechos, luego de que su nombre fuera vinculado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd.
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Según los testimonios de los exdirectivos en la justicia, González habría ordenado que se pagaran unas sumas millonarias a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de que se aprobaran varios proyectos radicados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El pasado lunes 7 de octubre, el exfuncionario había acudido a una diligencia de arraigo ante la Fiscalía General de la Nación, en la que también asistió Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, que también resultó involucrada en el entramado de corrupción al interior de la Ungrd.
Este procedimiento consiste en adelantar la individualización de los investigados, es decir, donde se recopilan los datos de contacto como el lugar de residencia de cada uno, como uno de los pasos previos a una imputación de cargos.
Porque está involucrado Carlos Ramón González en el escándalo de la Ungrd
Durante las audiencias realizadas a Olmedo López, este ha dicho que el entonces funcionario del Gobierno Petro los réditos económicos para Name y Calle fueron de 3.000 millones de pesos para el expresidente del Senado y 1.000 millones de pesos para el expresidente de la Cámara, respectivamente.
Según la fiscal delegada María Cristina Patiño, entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, “Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60 mil millones para Iván Name; y por un poco más de $10 mil millones para Andrés Calle, contratos que se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name y 1.000 millones de pesos en efectivo para Calle, instrucción que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”.
Posteriormente, el 5 de octubre, Pedro Rodríguez, presentó a Luis Eduardo López con Sneyder Pinilla la cotización. “Ahí se empezó a direccionar los contratos y porcentajes de las coimas de todos los contratos, entregados a las empresas de López Rosero, conversación de la que tuvo pleno conocimiento Olmedo López”, aseveró la fiscal.
En julio de 2024, González decidió apartarse de su cargo, mientras avanzan las investigaciones en su contra por estos hechos.
Ricardo Bonilla también solicitó ser interrogado por la Fiscalía
Además de Carlos Ramón González, otro funcionario que ha solicitado que la Fiscalía lo cite a un interrogatorio frente a este proceso fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tal como lo aseguró el funcionario después de que el Senado negara su moción de censura.
“La recibo con beneplácito y ahora espero que la Fiscalía me llame a declarar”, dijo el jefe de cartera económica en declaraciones a los medios de comunicación, agregando que “lo que predominó fue una sustentación de que yo no tengo ningún problema y lo que hay es un relato creado de manera imaginaria, en la cual los argumentos (de) que yo estaba comprando congresistas ni siquiera existen”.
También, el ministro de Hacienda había pedido que se presentarán las pruebas con el que se mostrará su participación en el escándalo. “Si hay pruebas, démelas, pero ya la Corte misma encontró que todo eso son chismes de Olmedo López y Sneyder Pinilla y que no tienen ninguna prueba, que no han podido probar nada”, explicó el funcionario.
Finalmente, el funcionario resaltó: “Le he pedido a la Fiscalía que me reciba desde el primer día, y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía. Dice que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas está en la primera”.