El antiguo secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) informó que renuncia a la presunción de inocencia con respecto a todos los crímenes que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha atribuido a la guerrilla en el estudio de los macrocasos.
“Renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia, respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas (sic). Hechos y conductas de las que manifestamos que debemos ser considerados los “máximos responsables”, asumiendo la responsabilidad”, se lee en el documento de notificación enviado a la JEP.
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De igual manera, los exintegrantes del secretariado pidieron que todas las investigaciones que haya en su contra por los crímenes cometidos en medio del conflicto armado, sean acumulados en un solo caso, en el que estén consignados todos los delitos que no sean amnistiables.
“Solicitamos que las sentencias condenatorias, las investigaciones de la justicia penal ordinaria, los hechos de competencia de la JEP ocurridos en otros países y los informes sobre victimización ya conocidos por la honorable magistratura se acumulen en un solo Macro Caso que recoja todas las conductas no amnistiables atribuibles a personas pertenecientes las Farc”, precisaron.
¿De dónde surge esta solicitud?
Según el documento en cuestión, luego de siete años de extensas investigaciones, hasta el momento no se ha emitido ninguna sentencia, solo se han concedido 18 renuncias a la persecución penal. Además, la Sala de Reconocimiento ha emitido tres resoluciones parciales relacionadas con las conclusiones de las indagaciones. De 4.622 amnistías que se han solicitado, a la fecha únicamente han sido concedidas 827 y 4.238 ya fueron negadas.
Asimismo, de acuerdo con el secretariado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, aparentemente, se ha enfocado en desarrollar una estrategia de dilación mediante la realización de microprocesos, en los que ya se debería haber recibido una renuncia a la acción penal. En consecuencia, advirtió que la JEP no se está ciñendo al Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016.
“Ese acuerdo, único en el mundo, que está garantizado por la Constitución colombiana y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está siendo desnaturalizado por algunas interpretaciones de la JEP que se apartan de su mandato”, se lee en el texto.
La solicitud, entonces, radica en la queja de que la JEP está investigando, de manera presuntamente indefinida, crímenes que ya fueron reconocidos por los exintegrantes del grupo armado. Por eso es que, hasta el momento, no se han llevado a cabo imputaciones que queden consignadas en una sola resolución, con la que se le permita al secretariado asumir sus responsabilidades. “Se requiere con urgencia la drástica transformación de la actual situación”, aclaró.
La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP Julieta Lemaitre se refirió a las críticas que han surgido en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz por las demoras en la toma de decisiones, asegurando que es un proceso largo y arduo, que requiere la intervención de miles de víctimas que merecen ser escuchadas.
“Hay una tensión natural entre la centralidad de las víctimas y la celeridad. Si la JEP va a escuchar a las víctimas, tanto a las víctimas individuales como a los sujetos colectivos, y va a ir a los territorios, a oír lo que quieren las personas, a que nos cuenten qué fue lo que les pasó, pues, se va a demorar”, explicó la magistrada en el pódcast A Fondo, dirigido por la periodista María Jimena Duzán.
Cabe resaltar que no solo el secretariado se ha quejado de la JEP, sino también el expresidente Juan Manuel Santos, que criticó una sentencia interpretativa del tribunal de paz que permite investigar a otros actores del conflicto y no solo a los máximos responsables.
“Si continúa con esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia”, precisó el exmandatario en un evento público en septiembre de 2024.
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