¿Qué pasará tras decisión del CNE de investigar la campaña de Gustavo Petro y formularle cargos?: analista dio luces

La determinación de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar la campaña a la presidente de la República, Gustavo Petro, y de formular pliego de cargos tanto a él como al que ofició como gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy titular de Ecopetrol, tras la aparente violación de topes electorales por más de $5.355 millones, desató una ola de reacciones en relación con la forma en que se desarrolló la campaña del jefe de Estado durante el 2022.

Mientras los sectores opositores celebraron la determinación y que se haya actuado en consecuencia con la normativa de la entidad rectora en materia electoral, si no a nivel constitucional, que habilita al organismo para adelantar este proceso, de parte del propio gobernante y sus adeptos se ha empezado a manejar, una vez más, la teoría de un golpe blando para sacarlo del poder; en un enfrentamiento mediático que promete prolongarse con el pasar de los días.

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Sobre el particular, Infobae Colombia consultó a Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, que analizó las implicaciones de la decisión del CNE de investigar la campaña del primer mandatario y formularle pliego de cargos, en su condición de ciudadano y candidato presidencial, y no como gobernante en ejercicio; lo que también ha dado origen a una serie de interpretaciones sobre el tema en cuestión.

¿Qué alcance tiene la decisión del CNE de investigar la campaña de Gustavo Petro?

Lo primero que hay que mencionar, según el análisis de Marín, es que la investigación del órgano electoral es de tipo administrativo, que es la competencia con la que cuenta este organismo, con base en lo que definió el Consejo de Estado en su fallo del 6 de agosto. A diferencia de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del gobernante y sí cuenta con la facultad, si así lo estima, de llevar a cabo un juicio político.

Y, en consecuencia, el CNE, como el máximo organismo electoral, es el que define, como se ha mencionado por parte del alto tribunal, cuáles son los topes para cada ejercicio electoral, el calendario en el que se llevan los comicios y hasta qué está o no prohibido, en términos de financiación y las campañas. “En ese sentido, lo que hará es la recolección de pruebas y testigos para estudiar si se violaron los topes de campaña o no. Todo esto de cara a las posibles sanciones”, afirmó.

Lo demás, reiteró, será competencia de la Cámara. Habrá que ver si por parte del Consejo Nacional Electoral el caso prospera de tal forma que se dicten sanciones, sean económicas o administrativas, y si con ello se compulsan copias de su investigación al órgano legislativo, que es el que puede definir si Petro ha incurrido en prácticas que puedan costarle el cargo, o sanciones de tipo penal si hubiera lugar; teniendo en cuenta que se investiga el origen de los recursos.

Se vendrá, entonces, un periodo de 60 días en el que se adelantará la recolección formal de pruebas, análisis de las mismas y la declaración de testigos. Frente a los tiempos, Marín indicó que será difícil de prever cómo se lleve cabo, pues cada caso de investigación es distinto. Y luego, según se ha sabido, 15 días más para los alegatos de conclusión, con miras a definir cuál será la decisión del Consejo Nacional Electoral en este proceso.

¿Es un golpe de Estado contra Gustavo Petro?

Frente a este interrogante, la analista expresó que esta teoría no es nueva en el discurso del presidente. “Él, no solo de cara a esta investigación, sino en marchas en su contra, declaraciones de la oposición o resultados adversos en el Legislativo de sus reformas, se ha venido pronunciando y ha venido abundando en esa idea del posible golpe de Estado”, afirmó, por lo que no extraña que una vez más haya acudido a tales señalamientos para defender su investidura.

Sin embargo, Marín dejó ver su preocupación por este tipo de afirmaciones, pues a su juicio son peligrosas para la democracia. La razón: porque ponen en duda la institucionalidad y, en el caso del CNE, la veracidad y la confianza de la autoridad.

“Si las elecciones son el mecanismo de producción y reproducción de la representación democrática; es decir, la que garantiza que cuando yo voto por un candidato y este gana, pues yo tenga la representación que le otorgué con mi voto, pues ponerla en duda esto, es hacerlo con la existencia misma de la democracia”, indicó la académica, que hace parte de uno de los centros de educación superior más reconocidos del país.

Asimismo, hizo hincapié en que lo diga el primer mandatario, máxima cabeza del orden legal, teniendo en cuenta que opera un régimen presidencialista, afecta la institucionalidad. “Seguro tendrá repercusiones en la manera en la que el presidente le pida a sus simpatizantes que salgan a la calle. Esperamos que no desencadene en violencia o en acciones de la ciudadanía, más en contravía no solo de la institucionalidad, sino de la integridad de estas personas”, concluyó.