Millonaria indemnización a familia de Susana Boreal por caso de feminicidio de su hermana

En la tarde del lunes 7 de octubre de 2024, se confirmó que el Juzgado Primero Administrativo de Medellín emitió la sentencia número 148, en la que declaró al Estado colombiano responsable por el feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño, hermana de la actual representante a la Cámara, Susana Gómez Castaño, más conocida como Susana Boreal.

La congresista hizo pública la decisión a través de un video en su cuenta de X en el que expresó su mezcla de dolor y firmeza ante este veredicto, dado que la sentencia reconoce que el feminicidio de Claudia Patricia, ocurrido hace casi siete años, fue producto de las omisiones de las instituciones encargadas de protegerla, pues no actuaron con la celeridad ni eficiencia necesarias, a pesar de las numerosas alertas que la víctima emitió en busca de ayuda.

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Este fallo fue catalogado por la congresista como un importante precedente en la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia al visibilizar la responsabilidad estatal en la falta de protección a las víctimas de violencia de género.

En ese sentido, la representante no pudo ocultar la emoción en su intervención en la Plenaria de la Cámara, por lo que ha significado el fallo en su vida personal y en su rol como congresista: “Yo hoy quiero pronunciarme con una mezcla de dolor, pero también de firmeza”, en el momento en el que recordó que su hermana fue víctima de la violencia feminicida, un flagelo que, según dijo, continúa afectando a cientos de mujeres en Colombia cada año debido a la ineficacia del sistema de protección estatal.

Boreal recordó que su hermana Claudia Gómez acudió en reiteradas ocasiones a las instituciones del Estado buscando protección ante las amenazas que enfrentaba; sin embargo, según explicó, estas instituciones fallaron en brindarle una respuesta efectiva y oportuna, lo que culminó en su asesinato.

La representante señaló que la sentencia no solo condena al Estado por su negligencia, sino que también constituye un llamado urgente a la acción para reformar y fortalecer los mecanismos de protección a las mujeres en situación de riesgo: “Este fallo no es solamente una condena, este fallo es una muestra superclara de cómo nuestras instituciones fallan en proteger la vida de las mujeres y es un llamado urgente a la acción”, aseguró la representante que agregó que este feminicidio no es un caso aislado, sino parte de una problemática sistemática en la que la perspectiva de género es ignorada o desestimada por las entidades públicas.

“No podemos permitir que más mujeres mueran por la negligencia del Estado. Es nuestra responsabilidad como representantes de este país fortalecer los mecanismos de protección, garantizar que la normativa vigente sea aplicada de manera efectiva y asegurar que las medidas de protección se ejecuten con la urgencia que la situación demanda”.

El fallo a favor de la familia Gómez Castaño es, en palabras de Susana Boreal, un “punto de partida” para construir un sistema más justo y comprometido con la vida y la dignidad de las mujeres en Colombia, por lo que la representante expresó su esperanza de que esta decisión impulse reformas estructurales en las instituciones encargadas de la protección de las mujeres y que se garantice la implementación efectiva de las políticas de prevención de la violencia de género.

“Por la memoria de Claudia, mi hermana que merecía vivir. Tu muerte, hermana, ha dejado un legado de lucha y protección. Te amamos siempre 🤍”, aseguró la representante en una de sus publicaciones en X.

La sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Medellín concluyó que el Estado, a través de las instituciones responsables de la protección de las mujeres, omitió brindar la ayuda necesaria en el caso de Claudia Patricia Gómez Castaño a pesar de las denuncias y alertas que la víctima emitió, por lo que las medidas de protección que se implementaron fueron tardías, incompletas y, en última instancia, insuficientes para garantizar su vida.

Por tal motivo, el fallo estableció una serie de medidas correctivas que deberán implementarse para evitar que se repita este tipo de muertes. Entre las órdenes impartidas, la representante destacó el envío de una copia de la sentencia a la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (Acpem) con el fin de que refuerce las políticas públicas que buscan prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer en todas las instancias del poder público.

De acuerdo con el documento, esta medida incluyó un enfoque especial en dotar de recursos suficientes a las Comisarías de Familia, para que puedan ejercer su función de manera eficaz.

Asimismo, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín está obligado a constituir una veeduría que supervise la aplicación de la política pública en materia de género a través de la Secretaría de la Mujer del Distrito.

Esta veeduría deberá incluir la participación activa del Colectivo de Mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres.