Los aportes que Petro no habría incluido en sus finanzas y que lo llevaron a ser investigado por el CNE: sobrepasan los $5.355 millones

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación contra la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, y formularle cargos tanto a él como al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, por la presunta violación de topes de campaña por más de $5.355 millones, generó un torbellino de reacciones a nivel nacional. Entre ellas la del principal implicado, que calificó la determinación como el inicio del golpe de Estado a su mandato.

La mayoritaria votación, con siete sufragios a favor de iniciar acciones en este sentido, dejó en firme la ponencia propuesta por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que se detallan los ítems en los que se habrían generado una serie de sobrecostos no avalados por la normativa electoral, y que al parecer no fueron reportados en la contabilidad presentada por la aspiración del hoy jefe de Estado. Son esos aportes los que tienen en aprietos al presidente.

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En su fallo, el CNE relató al menos siete incidencias en primera vuelta y cinco en la segunda de las que tendrían evidencia caudalosa sobre aportes recibidos por la campaña Petro Presidente, de las que no se presentaron los soportes requeridos por la ley y con las que se configuraría la violación de los límites. Las mismas que dan soporte jurídico a un caso que podría derivar en duras sanciones al primer mandatario, a Roa –presidente de Ecopetrol– y otros miembros de la campaña.

El primero de ellos, habla del aporte hecho por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), por $500.000.000, para la campaña presidencial; aunque de parte del sindicato de maestros se ha indicado que los mismos no fueron directamente a la campaña. Con este dinero, la entidad habría incurrido en un delito, pues la ley electoral no permite que entidades de esa naturaleza entreguen recursos a las aspiraciones políticas.

A esto se suma la entrega de un importante monto del partido Polo Democrático Alternativo, por $500.000.000, que al principio fue reportado como un préstamo a la campaña, pero que luego fue eliminado de la contabilidad radicada ante el CNE. A su vez, también se habría registrado la omisión, al parecer deliberada, del registro del pago hecho a los testigos electorales por $931.290.000; adelantados por la firma Ingenial Media S.A.S., a través de las compañías Matrix Giros y Servicios.

Del mismo modo, la campaña Petro Presidente habría omitido gastos por propaganda electoral por $356.102.872; que consiste en la famosa factura de Caracol Televisión, que habría sido presentada de forma extemporánea supuesta a conveniencia, con el fin de que no se configurara la mencionada violación de topes. Es decir, la misma pertenecía a los gastos de la primera vuelta, pero solo fue aportada como parte de las finanzas de la segunda.

Asimismo, se habría pasado por alto el reporte de los pagos hechos por la coalición Pacto Histórico por $202.471.731, correspondiente a la campaña de la colectividad al Senado. Así pues, también se habría ocultado, al parecer, los aportes hechos por la Unión Sindical Obrera por $121.544.000; aunque en su momento también mencionaron desde la agremiación que no fueron entregados directamente a la aspiración, sino invertidos en otros menesteres.

Pero quizá el monto más alto que no habría sido incluido en el balance hecho por Roa, es el del pago del servicio de transporte aéreo para el entonces candidato y su comitiva, a la compañía ibaguereña Sadi S.A.S., por el orden de los $1.249.793.230. Esta sería la misma firma involucrada en el escándalo por la captación ilegal de criptomonedas, por la sociedad Daily Cop, cuyo uno de sus socios ha entregado su testimonio apoyando la versión del apoyo entregado a la campaña.

Entretanto, en la segunda vuelta, se habría reportado por un valor inferior el alquiler del Movistar Arena, para los actos de celebración del triunfo de Petro, el 19 de junio de 2022, en $100.000.000; pues según consta en las facturas, el escenario multipropósito de los bogotanos se habría apartado por $250.000.000, pero solo se registraron en los libros contables $150.000.000. Un hecho que sería la muestra fehaciente, según los ponentes, de cómo se camuflaron gastos.

Del mismo modo, se habla de que tampoco se apuntaron los honorarios dados a los testigos electorales en aquella jornada, correspondientes a $177.680.000. A lo que se sumaría que se habría omitido el aporte del reporte de ingresos y gastos de los pagos hechos por la Colombia Humana, por los $530.579.983, que se usaron en el día decisivo para transporte y alimentación de testigos electorales; pese a que Petro ha negado que este día haga parte, como tal, de la campaña.

Y los dos últimos dos ítems corresponderían, en consecuencia, al pago de los servicios de transporte aéreo a Sadi S.A.S., en esta ocasión por $962.957.784. Y un aporte adicional de la USO de $379.019.511; con lo que se completarían los $500.0000.000 que habría dado la organización sindical en la campaña de 2022. Como se puede apreciar, el informe incluye datos puntuales sobre la forma en la que se habría, si se quiere, burlado la normativa en la minucia.