El secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), representado por el Partido Comunes, presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una petición judicial en la que indicó que renuncia a su derecho de presunción de inocencia. En respuesta, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, informó que darán trámite a la solicitud en términos del estricto derecho, evaluando las implicaciones que tiene para las víctimas.
Según explicó en una rueda de prensa, los exintengrantes de la antigua guerrilla están reconociendo, de manera global, todos los crímenes investigados por la JEP y que son, en efecto, atribuibles a los excombatientes. “Hemos recibido con mucho interés esta manifestación, la valoramos”, aseguró el magistrado Roberto Vidal.
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Sin embargo, precisó que, los jueces que estudien la solicitud tendrán que evaluar a cabalidad cuáles serían los efectos que tendría su aceptación. Esto, teniendo en cuenta que el secretariado también pidió que las sentencias condenatorias, las investigaciones de la justicia penal ordinaria, los crímenes investigados por la JEP ocurridos en el exterior y los informes sobre victimización, queden acumulados en un solo macrocaso.
De esta manera, según la petición, la JEP debería emitir una única resolución en la que se ponga en conocimiento las conclusiones en torno a todos los hechos criminales atribuidos a las antiguas Farc. Con esto, los comparecientes podrían reconocer su responsabilidad plena y recibir las respectivas sanciones por su conducta.
La declaración del secretariado implica, según la JEP, una demostración de su compromiso por someterse a la justicia y con la verdad que rodea los hechos de violencia acaecidos en el conflicto armado.
“Este acto de reconocimiento de responsabilidad de las extintas Farc-EP demuestra su compromiso con el sometimiento a la justicia y, por otra parte, es un reconocimiento a la seriedad y a la profundidad de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad que ha mostrado resultados rigurosos y jurídicamente contundentes”, precisó el tribunal de paz en un comunicado.
¿Qué pasará con los delitos no reconocidos y las investigaciones todavía inconclusas?
El magistrado Vidal aseguró que, en todo caso, lo que debe ponderar en el estudio de la petición es la protección de los derechos de 400.000 víctimas que están acreditadas en la Jurisdicción. Pues, hay casos que siguen investigándose y otros en los que los excombatientes no han aceptado los delitos cometidos, como por ejemplo, el de esclavitud.
No obstante, desde la perspectiva de la JEP, el secretariado de las Farc estaría reconociendo todos los delitos que ya fueron imputados y aquellos que serán imputados en el futuro. Además, el funcionario aclaró que las investigaciones que estén en curso deberán terminar en imputaciones. Por eso, se llevará a cabo un “examen jurídico muy delicado”.
“Un reconocimiento general de responsabilidad de ninguna manera puede implicar una vulneración de los derechos de las víctimas”, detalló, recordando que el sistema judicial del alto tribunal no es de responsabilidades colectivas, sino individuales, lo cual deberá mantenerse, en caso de que se acepte la solicitud del secretariado.
En consecuencia, la JEP convocará a los comparecientes a una audiencia para estudiar las propuestas y peticiones que presentaron. “Las salas y secciones responderán a esta solicitud ceñidas al estricto marco jurídico”, aclaró.
Por su parte, los excombatientes señalaron a la Jurisdicción de estar dilatando los procesos, haciendo investigaciones indefinidas por crímenes que ya fueron reconocidos. Esto se evidenciaría en cifras: de 4.622 amnistías que se han solicitado, solo 827 han sido concedidas y 4.238 ya fueron negadas. Además, solo se han avalado 18 renuncias a la persecución penal y se han emitido únicamente tres resoluciones parciales de conclusiones.