La Fiscalía General de la Nación le imputó ante un juez de la República dos delitos a Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes, Inder, de la administración de Daniel Quintero en Medellín, por peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El ente acusador ya le había imputado cargos a Mauricio Jaramillo, quien figuraba como representante legal de Cyan Eventos y Logística y a Jorge Liévano, exgerente de Metroparques.
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A Diana Paola Toro la señalan de haber direccionado los contratos de presupuesto participativo del Inder por medio de Metroparques por una suma de veinte mil millones de pesos.
Según Yiri Milena Amado, quien era la directora Seccional de la Fiscalía en Antioquia, indicó que entre agosto de 2020 y diciembre de 2022, se realizaron reuniones entre Metroparques, Inder y Cyan Evento Logísticas para supuestamente cometer delitos contra la administración pública a través de un contrato de 49 mil millones de pesos.
Además, precisaron que, al parecer hubo direccionamiento en los contratos para que se quedaran en Metroparques y este escogiera, supuestamente, a Cyan Evento y Logística como el operador.
Las unidades anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín revelaron que contratistas y exfuncionarios de la administración del entonces alcalde Daniel Quintero habían sido imputados por delitos relacionados con una presunta corrupción pública.
Entre los casos se encuentra Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques y María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefa de unidad de compras de Metroparques, así como los contratistas Juan Alexander Pino, Fabio Miguel Mestra y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas 1soluciones S.A.S, Estructuras Zafiro S.A.S, y JPINO S.A.S.
De acuerdo con la Fiscalía, las personas mencionadas estarían involucradas en delitos contra la administración pública y posible peculado de 3.000 millones de pesos.
El ente acusador detalló que deben responder porque, al parecer, por medio de la ejecución de varios contratos con las empresas mencionadas, más de 2.800 millones de pesos que fueron presuntamente a parar a manos de particulares.
“Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de 17.450 millones de pesos″, indicó la Fiscalía.
Al caso de Diana Paola Toro Zuleta se suma el pliego de cargos proferido por la Procuraduría General de la Nación contra el exsecretario de Comunicaciones de la alcaldía de Medellín, Juan José Aux Trujillo (2020-2023), por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Universidad Nacional de Colombia para la ejecución de estrategias de divulgación en la ciudad.
Al parecer, Aux Trujillo contrató la ejecución de los trabajos con la entidad universitaria por un monto de 9.050 millones de pesos sin que esta contara con la capacidad necesaria para ejecutarlos.
El órgano de control señaló que para cumplir su compromiso la universidad solo acreditó un funcionario destinado al proyecto, razón por la cual tuvo que suscribir 280 contratos de prestación de servicios que incluían profesionales para la producción de videos, fotografía, elaboración de contenidos digitales, diseño e ilustración en procesos de publicidad y marca, entre otros.
Para la Procuraduría, el investigado al parecer no actuó con la diligencia que le imponía su deber funcional, pues de haberlo hecho “hubiese podido advertir la falta de capacidad del contratista desde el momento en que el ente universitario acreditó que el personal con el que contaba para ejecutar el contrato era un docente titular de dedicación exclusiva”.
Por esos hechos, el órgano de control califico la presunta falta cometida por el entonces funcionario como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
En el mismo auto, el Ministerio Público archivo la investigación que se adelantaba contra Aux Trujillo y otros dos exfuncionarios de la alcaldía de Medellín por un aparente favorecimiento a terceros durante la ejecución del bilateral.
Las otras dos personas a quienes se les archivó el proceso son la exjefe de comunicaciones de la alcaldía de Medellín, Mónica María Orrego López (2023), y el profesional universitario de la misma entidad territorial, Juan Carlos Gómez Henao.
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