Gobierno tiene una “restricción de caja” que podría ocasionar un apagón en estos estratos, confirmó ministro de Hacienda

Asocodis, Andesco, Acolgen, Andeg, Naturgas y SER Colombia advirtieron, el 8 de octubre, sobre una preocupante situación financiera en el sector eléctrico de Colombia. Según el gremio, las empresas del sector tienen acumulados saldos a favor que superan los $7 billones, lo cual podría derivar en un “apagón financiero” si no se regulan los pagos a las compañías comercializadoras de energía.

Este problema, alertó el gremio, podría traducirse en restricciones en el servicio de energía a nivel nacional.

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Exactamente, por medio de un comunicado intergremial, precisaron que, a 30 de septiembre, el Gobierno adeuda a las empresas de energía eléctrica y gas natural cerca de $2,5 billones por concepto de subsidios que mes a mes, hasta ahora, han sido otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

“Esto se suma a los saldos de la opción tarifaria (cerca de $4 billones) y a las deudas de usuarios oficiales. Es decir, el monto total adeudado es cercano a $7 billones, que podría incrementarse. Además, hay déficit en la apropiación de recursos para subsidios correspondientes a 2025, cercano a $3 billones”, precisaron.

Afectación en los pagos

De igual forma, explicaron que, como los comercializadores deben pagar a los otros agentes que conforman la cadena de prestación, lo anterior afecta estos pagos y, por tanto, representa un riesgo sistémico que podría manifestarse no solo en un apagón financiero sino también físico. Además, el no pago de los subsidios podría por ejemplo representar incrementos del 150% en las facturas de los usuarios del estrato 1.

También, señalaron que la toma de posesión de Air-e generó el congelamiento de deudas previas y el atraso en el pago de las obligaciones corrientes, que superan $500.000 millones Además, se anunciaron y tomaron medidas que ponen en riesgo la prestación del servicio de energía, tal como la habilitación de la posibilidad de no pago de obligaciones del mercado hasta finales de año, por lo que se solicitó:

• Asegurar que se honren los compromisos de pago de la empresa, incluyendo los demás agentes de la cadena, a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios.
• Evaluar, previo a su anuncio o emisión, los impactos que cada medida puede tener.
• Atender la situación estructural de la costa Caribe colombiana aplicando medidas ya planteadas como el pago de los subsidios, la opción tarifaria, la deuda oficial y recursos adicionales para mitigar el cobro de pérdidas a usuarios, entre otras.

Complejo escenario

Ante esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió al complejo escenario y afirmó que la supuesta crisis energética es inexistente, dada la capacidad de los embalses para generar energía, complementada por el soporte de las centrales térmicas.

Además, explicó que los recursos destinados a los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 no se giraron todavía debido a una “restricción de caja”. Sin embargo, resaltó que las compañías comercializadoras ya deberían haber formalizado su solicitud de reembolso por los $2,5 billones que fueron entregados a los usuarios por medio de las facturas.

Deudas contempladas en la nueva reforma tributaria

Bonilla también comentó que “el Ministerio de Minas de Energía debe estar tramitando en caja esa bolsa”, con lo que aludió que este tipo de pagos suelen ser hechos de forma acumulada y no cada mes. En este contexto, Bonilla destacó la necesidad de revisar el avance del proceso de financiación.

Las declaraciones del funcionario reflejan una posición de calma frente al temor del sector sobre posibles déficits en los flujos financieros. Bonilla enfatizó en que las deudas relacionadas con la opción tarifaria, que alcanzan los $4 billones, están contempladas en la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento.

Esta norma permitiría que el Congreso de la República apruebe que el Estado asuma la responsabilidad de cubrir dichas deudas, un paso crítico hacia la estabilización del sector. “La deuda está incluida en la ley de financiamiento para que el congreso avalé que el Estado pueda asumir esas deudas”, aclaró el ministro Bonilla.