Reforma laboral: ministro del Interior sorprendió con decisión que afecta debate de las plataformas digitales

El 7 de octubre, en medio de la continuación del segundo debate del proyecto de reforma laboral, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, se conoció que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solicitó ser apartado de la discusión de la iniciativa, específicamente, de los artículos que abordan las plataformas digitales, una decisión que ha sido asumida por la Presidencia mediante el decreto 1219.

El acto administrativo menciona que, desde el 12 de agosto, se celebró un Consejo de Ministros donde se conoció el impedimento presentado por Cristo, con lo que se designó a Mauricio Lizcano, actual ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como ministro del Interior ad-hoc. Este nombramiento es específicamente para tratar los temas de la reforma que involucran a las plataformas digitales.

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De acuerdo con el documento, “en caso de que el ministro recusado, o cuyo impedimento fuese aceptado, hubiere de separarse del conocimiento del negocio, será el presidente quien adscriba la decisión del asunto a otro ministro del Despacho”.

El nombramiento de Mauricio Lizcano está dentro de la Ley 63 de 1923, que dispone el procedimiento en caso de impedimentos ministeriales.

La implicación de este impedimento puede reflejar tensiones internas en el gabinete en torno a las políticas digitales. No obstante, el papel de Lizcano ahora será fundamental. “Se estima pertinente nombrar a Mauricio Lizcano para el tema específico que implica actuaciones sobre los artículos relativos a las plataformas digitales”, señala el decreto.

En lo aprobado en el proyecto, se establece que los repartidores podrán ser empleados dependientes con contrato de trabajo tradicional, o podrán ser independientes, según acuerden las partes. En el segundo caso, las empresas de plataformas de reparto asumirán el 60% de los aportes en salud y pensión y el 100% de los riesgos laborales. La cotización a seguridad social se calculará sobre la base de las horas trabajadas.

De igual forma, se incluyen garantías para los repartidores en materia de revisión humana de decisiones automatizadas, transparencia en la información, registro, entre otros.

Para Alianza IN, el gremio que representa a las principales empresas de plataformas digitales e innovación en el país, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo del ecosistema digital en el país, se trata del resultado de un trabajo propositivo con el Ministerio del Trabajo, y representa un paso significativo hacia la protección con seguridad social de más de 120.000 repartidores en Colombia.

Ante esto, el director de Alianza In Colombia, José Daniel López, destacó que esta aprobación demuestra que, a través del diálogo y la construcción en medio de la diferencia, es posible lograr avances que beneficien materialmente a sectores concretos de la población.

Sin embargo, no todo es felicidad, ya que quedó establecido que la única garantía para una vinculación de trabajo con pago de salud y ARL en plataformas de transporte como Cabify, Didi o Picap será dependiendo del tiempo que dediquen a trabajar en dicha aplicación.

Ante eso, la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, lanzó una crítica contundente al Gobierno nacional por no incluir a las 300.000 familias que dependen de las plataformas de movilidad en Colombia para su subsistencia dentro de la nueva regulación laboral.

En pleno debate, Juvinao expresó: “Quiero enviar un mensaje a las 300.000 familias en Colombia que han encontrado en las plataformas de movilidad y transporte un medio para subsistir”. Según la congresista, estas familias confiaban en que el “Gobierno del cambio” les incluiría en las regulaciones respectivas, como parte del proceso de actualización del Código Sustantivo del Trabajo.

Además, Juvinao señaló que planteó esta inquietud a María Fernanda Carrascal, ponente del mencionado proyecto, pero recibió una negativa como respuesta. En palabras de la representante recogidas por Semana, “Me dice que no lo podemos hacer porque ese es un tema que tiene que regular primero el Ministerio de Transporte.” La congresista criticó esta posición puesto que considera que el Ministerio de Transporte forma parte del mismo gobierno que, según ella, ha dado la espalda a miles de colombianos durante dos años.

Juvinao puso en tela de juicio los intereses detrás de la decisión de excluir a trabajadores de plataformas de movilidad dentro de la regulación. Manifestó que el Ejecutivo está “arrodillado” ante Euclides Torres, importante contratista del sector, y Hugo Ospina, reconocido líder de los taxistas. Como recordó Juvinao, “Nicolás Petro, en sus declaraciones ante la Fiscalía, reveló que la señora superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina…¿adivinen de quién es cuota? Del señor Euclides Torres”.