Instructor del Sena fue destituido por acoso sexual a instructoras y aprendices: la institución se pronunció

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la sanción con destitución e inhabilidad por 18 años al instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la Regional Distrito Capital, Julio Enrique Ortiz Angulo, por conductas de acoso sexual.

El Ministerio Público indicó que verificó la conducta del servidor público, con funciones en el centro de formación en actividad física y cultural, quien para la vigencia 2019 hizo propuestas e invitaciones insistentes de tipo sexual a las denunciantes; además, se acercaba con hostigamientos e intimidaciones en lugares públicos y privados.

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De igual forma, la entidad evidenció que el disciplinado, abogado de profesión, en la biblioteca de su lugar de trabajo llevó a cabo tocamientos a sus genitales frente a tres aprendices que se encontraban haciendo sus deberes y tareas, lo que también afectó psicológicamente a las colaboradoras con episodios de temor, ansiedad y nervios.

Debido a este comportamiento, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la falta de Ortiz Angulo como gravísima, a título de dolo.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Aprendizaje resaltó que los hechos ocurrieron en 2019, razón por la cual remitieron el caso a la Procuraduría.

“Este caso se registró en el año 2019. La misma Entidad, a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario, remitió por competencia el expediente núm. 484-11-2019 a la Procuraduría General de la Nación por tratarse de presuntos hechos de acoso laboral sexual, de competencia exclusiva de este ente de control y de conformidad con la Ley 1010 de 2006. El Ministerio Público verificó la conducta del servidor público, con funciones en el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura”, indicó .

En su pronunciamiento, precisaron que el Sena “no tolera” y motivo por el cual “rechaza con vehemencia conductas que atenten contra la dignidad e integridad de las mujeres y de cualquier persona”.

Así las cosas, el Servicio Nacional de Aprendizaje aseguró que a penas se conozca la decisión de la Procuraduría, procederán con la respectiva destitución del instructor. “Tan pronto la Entidad sea notificada de la decisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, se procederá a la inmediata destitución del instructor”, indicó la Procuraduría.

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en el XVI Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral, destacó que se emitieron 113 pliegos de cargos y 69 fallos relacionados con el acoso laboral.

“Lo que encontramos es que, en muchas ocasiones, el acoso laboral esconde situaciones de acoso sexual”, advirtió.

En Barranquilla hizo un llamado a unir esfuerzos contra esta problemática que afecta desproporcionadamente a las mujeres. En su intervención destacó que, para construir una Colombia más justa y equitativa, es necesario “garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad social”, como pilares para edificar una sociedad próspera y sostenible.

La jefe del Ministerio Público apuntó que es imperativo buscar soluciones efectivas a problemas estructurales como la informalidad, que afecta a 13 millones de personas, y el desempleo, a otros 2 millones de ciudadanos, impactando de a mujeres y jóvenes. Además, agregó que desde el órgano de control se ha venido realizando un seguimiento constante a las entidades públicas y privadas “para atender las numerosas quejas ciudadanas, así como en el desarrollo de la intervención judicial ante Juzgados, Tribunales y Altas Cortes”.

Cabello Blanco aseveró que, en 2023, la Procuraduría ha realizado más de 7.000 actuaciones preventivas y 7.000 actuaciones judiciales. Recalcó que estas actuaciones son cruciales, “ya que abordan cuestiones tan sensibles como el mínimo vital, la dignidad humana, el acceso al trabajo, la salud y la seguridad social, especialmente en lo referente a pensiones”.

La funcionaria mencionó ejemplos como la acción popular interpuesta contra el Ministerio de Salud y Protección Social para la expedición de una nueva Política Farmacéutica Nacional y la regulación integral de los precios de los medicamentos. ”Como resultado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió órdenes para solucionar problemas del sector farmacéutico y proteger los derechos colectivos vulnerados por las acciones y omisiones del Ministerio de Salud y el Invima”, aseveró.

Margarita Cabello concluyó que, como cabeza del Ministerio Público, durante estos cuatro años se ha enfocado en garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social, esfuerzo que continuará hasta su último día en el cargo.