Alegan que entrega de tierras del Gobierno en Córdoba fue para “foráneos”: la ANT aseguró que los predios se entregaron a la comunidad

Después de que el presidente Gustavo Petro, anunciara con bombos y platillos la entrega de más de ocho mil hectáreas de tierras a los campesinos del departamento de Córdoba, en un acto público en Montería en el que participó hasta el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso el pasado 3 de octubre, el país ya conoce las primeras denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso.

De hecho, según información adelantada por El Colombiano, la finca La Argentina, que en otrora hizo parte del emporio del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, hoy es el centro de la disputa entre los campesinos del municipio de Buenavista y el Gobierno nacional.

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El primero de octubre, dos días antes de que el presidente hiciera la entrega oficial de las Tierras de la reconciliación, un grupo de campesinos de Buenavista se congregó en la finca La Argentina para expresar su descontento al conocer quiénes serían sus nuevos propietarios.

Según el medio regional, los manifestantes alegan que las tierras están siendo asignadas a personas ajenas a la comunidad, lo que ha generado tensiones en la región.

Ante las acusaciones, el equipo de Infobae Colombia se contactó con la Agencia Nacional de Tierras para conocer su versión de los hechos. Según informó la entidad, las acusaciones que alegan las organizaciones campesinas no se asemejan a la realidad y que todo se trató de una tergiversación de la información.

De hecho, la ANT señaló que el proceso que se aplicó para los predios del municipio de Buenavista, específicamente de la finca La Argentina, estuvo amparado bajo el decreto 2363 de 2023 que obliga a la entidad a consultar con el comité municipal de reforma agraria, quien fue la encargada de realizar la selección de las más de 400 familias que ocuparán las 8.430 hectáreas.

“El comité municipal es un órgano colegiado, no es la Agencia entregando a dedo. El comité se reunió y nos señaló, en total, 19 organizaciones campesinas, todas de Buenavista, no de otros municipios, para la entrega de estos predios. En total, 405 familias”, señaló Ana Jimena Bautista, directora de gestión jurídica de tierras de la ANT.

Durante el evento Tierras para la reconciliación, el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de 8.430 hectáreas como parte de la reforma agraria, de las cuales 7.916 hectáreas pertenecieron a antiguos jefes paramilitares. Sin embargo, la entrega de la finca La Argentina ha sido particularmente controvertida, pues la Agencia Nacional de Tierras (ANT) inspeccionó el lugar a finales de septiembre y descubrió que el concejal David Jorge Márquez Chegne explotaba el terreno sin un contrato formal, según declaraciones de Felipe Harman, director de la ANT.

Justamente en la visita del Gobierno nacional para retomar el predio, que se hizo notar en el municipio de Buenavista por su aparición en una caravana de camionetas oficiales, fue el inicio de los inconvenientes entre el Ejecutivo y el campesinado.

Según las denuncias publicadas por el medio regional, los habitantes, acompañados por líderes sociales y defensores de derechos humanos, intentaron dialogar con las autoridades para ser incluidos en la distribución de tierras, pues alegan ser víctimas del conflicto armado y del excabecilla paramilitar Macaco. Sin embargo, la situación se tensó cuando las fuerzas del orden intervinieron, dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, esfumando cualquier intento del Gobierno con los campesinos.

“Nosotros somos víctimas del conflicto y fuimos a ese lugar para que nos dieran una oportunidad. Una certeza de que verdaderamente vamos a tener un pedazo de tierra para cultivar. Pero nos atacaron, aunque nuestra protesta era pacífica”, señaló uno de los manifestantes a El Colombiano.

Además, la molestia incrementó cuando el presidente Petro compartió un video en sus redes sociales mostrando a un grupo de personas ingresando a la finca La Argentina, afirmando que su Gobierno entregaba esas tierras al campesinado.

“El campesinado de Córdoba entra a la finca “La Argentina” en Buenavista, que una vez fuera de “Macaco” y que de nuevo fue ocupada por políticos. Mi gobierno le entrega estas tierras al campesinado”, señaló el jefe de Estado.

Sin embargo, los habitantes del municipio sostuvieron a El Colombiano que las personas que se observan en las imágenes y que celebran la entrega de tierras no hacen parte del municipio de Buenavista, sino que llegaron en la caravana del Gobierno nacional.

“Los campesinos de esta región se enteran por terceras personas de que va a haber una entrega de tierras y que no los incluye a ellos. Obviamente, se sienten victimizados porque ya fueron atacados por un grupo armado, fueron victimizados por políticos de la región y ahora se sienten victimizados por el mismo gobierno de turno que entrega las tierras a personas desconocidas”, indicó al medio regional Alex Alberto Morales, representante los campesinos en Buenavista, Cauca.

Por su parte, la directora de gestión de tierras de la ANT denunció que, contrario a los señalamientos en contra de la entidad, los manifestantes que se acercaron a los predios en cuestión no son conocidos en la región, por lo que no descartan que se trate de una estrategia para favorecer a terceros.

“Se ha dicho que la Agencia puso buses para traer gente de otros lados y eso no es cierto. Cuando se les hizo la entrega formal a los beneficiarios, llegaron por sus propios medios, en su mayoría en motos. Los otros campesinos (los manifestantes) sí llegaron en buses, lo que nosotros sabemos es que no son personas del municipio”, señaló Ana Jimena Bautista.

Incluso, la funcionaria destacó que las organizaciones indígenas que hicieron presencia en el lugar, y de las que no tienen conocimiento, nunca se mostraron con la intención de dialogar, pese a los esfuerzos del Gobierno para escuchar a los campesinos que desean hacer parte de la reforma agraria.

“La Agencia siempre estuvo dispuesta al diálogo, pero la postura de esta organización en realidad parecía más de querer dilatar un proceso. Dado que el escenario de diálogo se agotó y se les informó en múltiples oportunidades que nosotros estábamos en una diligencia de aprehensión. Lo que no puede pasar es que terceras personas, que no estaban realizando una ocupación de los predios, quieran dilatar una diligencia para evitar que la Unidad de Reparación y la Agencia Nacional de Tierras pudieran tener control sobre esos predios sobre los que hay unos intereses bastante particulares”, concluyó Ana Jimena Bautista

Asimismo, la ANT invitó a los campesinos y campesinas para que se sumen a los esfuerzos del Gobierno nacional para reparar a las víctimas del conflicto y que se postulen para acceder a los predios ofrecidos por la entidad, siempre y cuando se haga por la vía legal y cumpliendo los requisitos dispuestos en la reforma.