Durante una rueda de prensa en la mañana del lunes 7 de octubre, el secretario de seguridad de Cali, Jairo García, confirmó el convenio entre la Alcaldía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de reducir el hacinamiento en estaciones de Policía de la capital del Valle.
De acuerdo con el funcionario, “es un convenio que no se firmaba desde hace 18 años, esto permitirá que haya un sistema y una gestión permanente para que no tengamos escenarios complejos en las estaciones de Policía”.
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En medio de sus declaraciones, el secretario de seguridad detalló que la firma de este acuerdo permite tener “un sistema de movimiento” de las personas que se encuentran privadas de la libertad en hacinamientos de la Policía, explicando que los detenidos serán trasladadas a cárceles como el Centro Penitenciario Villa Hermosa.
La Alcaldía de Cali firmó un convenio por 2.000 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la atención a personas en condición de sindicados en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí, bajo la administración del Gobierno nacional. El presupuesto está destinado a la provisión de elementos esenciales como kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible.
Según el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, esta iniciativa busca garantizar los derechos fundamentales de los presos, como parte de una estrategia a corto plazo liderada por el alcalde Alejandro Eder: “Desde la Alcaldía de Cali buscamos garantizar los derechos fundamentales de nuestra población privada de la libertad”, aseguró el funcionario.
El director regional occidente del Inpec, Guillermo González, expresó que se coordinará un esfuerzo logístico con la Secretaría de Seguridad para acelerar la implementación del convenio. González resaltó que solo se utilizarán las instalaciones de Cali y Jamundí para la reclusión de mujeres, estableciendo criterios de prioridad basados en condiciones de salud, seguridad y factores sociodemográficos.
“Las estaciones de Policía tienen un hacinamiento alto, estamos hablando aproximadamente del 700%. Se va a hacer un esfuerzo logístico y de administración para lograr organizar las personas privadas de la libertad (PPLS)”, con un plan para trasladar aproximadamente al 20% de los detenidos, es decir, unos 500 individuos.
Jairo García enfatizó que el objetivo “es que tengamos un movimiento permanente de los privados de la libertad y podamos tener un ejercicio responsable de la administración de estas personas, en las condiciones que lo requieren, según los derechos humanos”, agregó el funcionario durante la rueda de prensa.
Además, desde la Alcaldía de Cali trabaja en la mejora de la infraestructura de las estaciones de policía, como El Diamante, Alfonso López y Marianos Ramos, y en la adecuación de un centro de detención transitorio. A largo plazo, se proyecta la construcción de una cárcel distrital en Cali.
Hacinamiento en Cali
La Personería de Cali denunció en mayo de 2024 que este fenómeno afecta gravemente a las estaciones de policía de la ciudad. Según información de la Personería, el hacinamiento en las estaciones de Policía en Cali supera el 700%.
En detalles compartidos por el medio, Gerardo Mendoza, personero de la ciudad, calificó la situación en algunas estaciones como “insostenible”. Mendoza señaló que “hay centros de reclusión con capacidad para albergar a 300 reclusos y que hasta mayo de 2024 llevaban más de dos mil personas internas”.
La situación es particularmente crítica en lo que respecta a las estaciones de policía, donde la capacidad está completamente desbordada. Según declaraciones recogidas por la Personería, “en Cali hay 23 estaciones de policía con capacidad para 309 personas privadas de la libertad; sin embargo, actualmente la cifra sobrepasa los 2.420″, lo que explica el “altísimo porcentaje de hacinamiento denunciado”.
El problema del hacinamiento carcelario no es aislado de otros problemas relacionados, como las fugas de presos, fenómeno que, según reportes, sigue siendo recurrente en diferentes puntos de reclusión de Cali. La Personería de Cali apuntó en ese momento que la falta de infraestructura adecuada y el exceso de población carcelaria aumentan el riesgo de estas fugas, complicando aún más la gestión y seguridad de las instalaciones.