El viernes 27 de septiembre de 2024, el Ejército Nacional confirmaba la muerte del cabo tercero Juan Esteban Montaño Velázquez, quien falleció cuando se encontraba realizando labores con el equipo de Explosivos y Demoliciones (Exde), con el propósito de destruir artefactos explosivos en la vereda El Zulia, en el municipio de Támara (Casanare).
“De manera inmediata, la unidad militar activó todas sus capacidades para brindar acompañamiento en este lamentable suceso, y se ha iniciado el proceso de investigación correspondiente”, indicó la institución.
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Según El Tiempo, en esa fecha donde falleció el uniformado, la Central Administrativa y Contable de Ingenieros del Ejército (Cenac), avanzaba en una licitación para conseguir detectores de este tipo de explosivos.
Sin embargo, a la licitación, que tiene un valor de 8.771 millones de pesos, se le presentaron dos oferentes. Según el citado medio, el primero viene por parte de la Unión Temporal Minelab IV, representada por Ignacio Guerrero, y que está conformada por las compañías MGD SAS y la australiana Minelab Electronicts PTY.
El segundo oferente viene por parte de la Unión Temporal Vallon, representada por Víctor Hugo Martínez y conformada por la empresa alemana Vallon GMBH y la compañía colombiana Segnal SAS.
El Tiempo detalló que la Procuraduría General de la Nación se encuentra indagando el proceso, debido a que las empresas involucradas aseguran que se presentaron documentos falsos.
A pesar de las advertencias, el contrato se adjudicó el 3 de octubre de 2024. En el documento aparece la firma del coronel Juan Carlos Mosquera Mesa, en cargado del gasto de la Cenac.
El citado medio aseguró que el 2 de octubre del presente año, el representante legal de la Unión Temporal Minelab IV presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por falsedad de documentos y fraude procesal.
“Las traducciones de algunas apostillas aportadas por Vallon en mitad de la audiencia de adjudicación no coinciden con las supuestas fechas de traducción de la misma (...) los sellos y las fechas de los documentos al parecer no eran coherentes y se apreciaba que posiblemente los sellos de traducción oficial se sobrepusieron”, explica la denuncia.
La acción legal también detalla que al parecer la traducción de los documentos son de dos años antes a la radicación. También alegan que uno de los traductores desconoce por qué aparece un sello digital en una de las apostillas.
“Por correo electrónico, la contraparte me compartió los archivos presentados por ustedes, los cuales van a emplear para la formulación de la denuncia, donde señalan que es visible y evidente la superposición a documentos no traducidos por mí con copias escaneadas de sellos y firmas mías”, indica el correo Segnal SAS y revelado por el citado medio.
La denuncia presentada por la Unión Temporal Minelab IV también aportó un análisis grafológico de un perito, quien aseguró que los documentos “no cumplen con el principio de originalidad, ya que son producto de una reproducción fotostática (fotocopia)”.
La Unión Temporal Vallon a través de su representante legal, Víctor Hugo Martínez, afirmó que no se pronunciaran, y que solamente lo harán ante las autoridades por tratarse de un proceso judicial.
“La Unión Temporal Vallon ha presentado una propuesta integral representando una compañía de Alemania líder en el mundo en la fabricación de detectores de metales de tipo militar, nuestra propuesta obtuvo una diferencia económica en más de 1.850 millones de pesos, frente al otro proponente, recursos que se ahorró el estado colombiano adquiriendo equipos de última tecnología sin ningún tipo de sobrecostos”, indicó el representante legal al citado medio.
Y finalizó: “La totalidad de documentos físicos originales, aclaraciones, apostilles y traducciones oficiales fueron presentadas a la entidad en la etapa procesal establecida, y esto hace referencia al proponente adjudicatario, reiterando que presentamos la totalidad de requisitos documentales que avalan nuestro ofrecimiento”.
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