El municipio de Morales, ubicado al sur del departamento de Bolívar, se encuentra en alerta ante la desaparición de tres menores de 14 años, que fueron identificados como Steven Guzmán, Jhonier Revueltas y Leidy Nicol Llanéz. Los jóvenes no son hallados desde el 30 de septiembre, y las autoridades manejan la hipótesis de que se trate de un caso de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Según declaraciones de los familiares, a la que tuvo acceso Noticias Caracol, los tres adolescentes salieron de sus hogares ese día con el propósito de realizar tareas escolares. No obstante, desde entonces no se tiene información sobre su paradero, lo que provocó gran preocupación en la comunidad de Morales. Los padres aseguran que ese fue el motivo de su salida, pero las autoridades comenzaron a explorar otra posibles conjeturas respecto a su desaparición.

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Manuel Berrío, secretario de Seguridad del departamento de Bolívar, señaló para el medio mencionado que, de acuerdo con las primeras indagaciones, existe evidencia que sugiere que los menores podrían haber recibido una consignación de dinero.

“Al parecer, recibieron una consignación de dinero, con la cual llegaron hasta Aguachica. De allí creemos que fueron reclutados por alguna organización criminal y se encuentran ahora mismo en el Catatumbo o en Arauca, donde hay una fuerte presencia de estos grupos y que están reclutando menores de edad”, indicó Berrío. Esta hipótesis apunta a un posible traslado hacia zonas donde operan estructuras armadas que tradicionalmente recurrieron al reclutamiento forzado de menores como parte de sus actividades.

La desaparición de los jóvenes provocó que los habitantes del municipio de Morales salieron a las calles en una marcha que busca exigir el pronto regreso de los menores. Con pancartas y consignas, los ciudadanos expresaron su preocupación y pidieron a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos para ubicarlos, tal y como lo registró el medio mencionado.

Por su parte, la Gobernación de Bolívar decidió ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a cualquier persona que pueda brindar información que permita esclarecer lo sucedido y localizar a los tres menores.

El 26 de junio, en el municipio de Labranzagrande (Boyacá), se encontraron dos menores de edad que habían sido reclutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), durante combates entre las fuerzas del Estado y el grupo guerrillero. Se trataba de un niño de 13 años y una niña de 16, ambos obligados a portar armas y vestir prendas militares, según informó el coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la XVI brigada del Ejército.

Ante este escándalo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la problemática, denunciando el uso de niños como escudos de guerra por parte de los grupos armados. El mandatario afirmó que “los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado”, en referencia a la situación en el departamento del Cauca, donde la presencia de menores impide las acciones militares contra campamentos guerrilleros, durante el anuncio de “Misión Cauca”.

Según Petro, 350 niños de comunidades indígenas fueron reclutados, calificando esta práctica como un “delito de lesa humanidad”.

Por su parte, la Delegación de Paz del Gobierno condenó la utilización de menores y otros hechos violatorios del Derecho Internacional Humanitario, llamando a fortalecer la protección de la población civil, especialmente durante el cese al fuego acordado en los diálogos de paz con el ELN.

La Defensoría del Pueblo, en voz de Julio Balanta, recordó que “respetar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes no es una opción, es una obligación de las estructuras armadas ilegales”, en un llamado urgente a evitar el reclutamiento de menores.

El reclutamiento forzado de niños es un problema que persiste en Colombia, incluso en medio de las negociaciones de paz. Según datos de las Fuerzas Militares, al menos 116 menores fueron rescatados de grupos armados en 2024, hasta la fecha mencionada del reporte del presidente.