La audiencia en la Corte Constitucional del lunes 7 de octubre de 2024, puso de manifiesto las profundas divisiones entre los gobernadores de los departamentos del Valle del Cauca y Caldas en torno a la venta libre de aguardiente en Colombia.
Durante el encuentro, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, y Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas, expusieron argumentos opuestos sobre el futuro del monopolio departamental de licores y las implicaciones económicas y sociales de liberar el mercado de esta bebida alcohólica tradicional en el país.
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Por un lado, Dilian Francisca Toro defendió enérgicamente la preservación del monopolio departamental que ejerce la Industria de Licores del Valle (ILV), pues explicó los impactos negativos que, a su juicio, tendría la apertura del mercado para su departamento.
En ese sentido, Toro argumentó que la suspensión de la salvaguarda legal que protege la producción y comercialización de aguardiente generaría un golpe devastador para la ILV, la cual, según sus palabras, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
La gobernadora del Valle destacó que, desde 2017, las ventas de la ILV pasaron de 4.3 millones de botellas a 10.8 millones en 2023, lo que representa un aumento del 151%, por lo que proyectó que para 2024 las ventas superarían nuevamente los 10 millones de botellas, consolidando a la ILV como un actor clave en el mercado de licores del país.
Este crecimiento, enfatizó, es resultado de un plan estratégico que ha permitido a la empresa expandirse y consolidar su portafolio para competir a nivel nacional e internacional.
En su intervención, Toro también mencionó los ingresos que obtiene el departamento del Valle del Cauca a través de la explotación de su monopolio de licores que incluyen pagos del 2% de las ventas anuales de las empresas autorizadas para la producción e introducción de licores en el territorio.
Por lo tanto, la gobernadora advirtió que la eliminación del monopolio afectaría no solo a la ILV, sino también a los ingresos de la región, además de poner en riesgo aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos relacionados con la producción y distribución de aguardiente.
“Los ingresos patrimoniales para la entidad territorial que se obtienen por la explotación directa de ejercicio de la actividad económica, o sea la producción de licores, al no imponer barreras, se verá afectada, ya sea vía utilidades de la licorera oficial o por la participación porcentual en la producción e introducción”, aseguró la gobernadora.
Desde su perspectiva, abrir el mercado a otras marcas de aguardiente, incluidas extranjeras, pondría a la industria licorera nacional en una situación de desventaja competitiva frente a grandes capitales internacionales, cuyos productos subsidiados y más baratos podrían inundar el mercado.
Para Toro, permitir esto sería “acabar con el monopolio de licores y entregar el empleo de nuestra gente”, en referencia a los trabajadores del sector licorero.
En contraposición, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, se mostró a favor de una apertura del mercado, destacando el derecho de los ciudadanos a acceder a un mercado libre y competitivo.
Para Gutiérrez, uno de los principios fundamentales en una sociedad democrática es la autodeterminación, lo cual incluye la libertad de elegir qué consumir.
Por lo tanto, cuestionó por qué el Estado, a través de los gobiernos departamentales, debe decidir qué tipo de aguardiente puede consumir la población, abogando por una mayor autonomía de los consumidores.
Gutiérrez argumentó que el actual monopolio de los aguardientes limita la libertad de los ciudadanos e incentiva el mercado ilegal, donde prolifera la adulteración de productos.
En su opinión, abrir el mercado no solo no destruiría las industrias licoreras departamentales, sino que las empujaría a ser más competitivas y a desarrollar estrategias más sólidas para captar al consumidor.
El gobernador de Caldas defendió la idea de un “mercado regulado, pero abierto”, que permita a los ciudadanos elegir entre una mayor variedad de productos de calidad.
También cuestionó la incoherencia de que mientras los licores extranjeros puedan circular libremente en el país, se restrinja el acceso de aguardientes nacionales en ciertos territorios, pues para Gutiérrez, esto representa una contradicción que obstaculiza el desarrollo de la industria licorera autóctona.
“En este momento tenemos un mercado en el que la gran mayoría de licores extranjeros pueden circular de manera libre y competitiva, el contrasentido de lo anterior es que la disposición que hoy se está revisando restringe nuestro propio y autóctono producto nacional, el aguardiente”, concluyó el gobernador de Caldas.
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