Juan Carlos Suaza Móvil y José Ramiro Bermúdez Cotes, ambos exalcaldes de Riohacha, han sido sancionados por la Procuraduría General de la Nación debido a irregularidades en la construcción del alcantarillado de la comuna 10 de la ciudad.
La decisión, anunciada en la mañana de este domingo 6 de octubre, se basa en la omisión de trámites legales durante sus administraciones, lo que impidió la ejecución adecuada del proyecto financiado con recursos de regalías.
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La Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco, determinó que los exalcaldes, en su calidad de representantes legales de la entidad ejecutora del proyecto, no gestionaron la adquisición de inmuebles necesarios para conectar la carrera 12c con la calle 40, un paso vital para la ejecución del proyecto. Esta omisión, según la entidad, vulneró los principios de eficacia, economía y celeridad.
El proyecto, valorado en 28.000 millones de pesos, estuvo suspendido durante cerca de cuatro años, desde 2019 hasta 2023, debido a la falta de gestión en la compra de las propiedades necesarias. A hoy, no hay evidencia de que se hayan adquirido dichas propiedades, lo que ha llevado a la sanción de los exalcaldes.
La sanción impuesta a Suaza Móvil y Bermúdez Cotes, quienes estuvieron en el cargo entre 2018 y 2019, y hasta el año pasado respectivamente, consiste en una multa equivalente al salario que percibieron durante diez meses. Esta medida busca resarcir los recursos subutilizados por los administradores durante sus mandatos.
“La autoridad disciplinaria evidenció que los disciplinados, quienes se desempeñaron como representantes legales de la entidad ejecutora del proyecto para la construcción del pavimento flexible y expansión de las redes de alcantarillado en la comuna 10 del distrito turístico, omitieron los trámites legales en las secretarias y oficinas respectivas para la adquisición de los inmuebles que impedían la conexión entre la carrera 12c y la calle 40 para la ejecución del bilateral según lo establecido”, señala la Procuraduría.
El Ministerio Público destacó que la conducta de los exalcaldes fue calificada como grave, y su omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades ha tenido consecuencias profundas para la entidad territorial, que ahora debe devolver los recursos no utilizados adecuadamente.
“Por tanto, la conducta omisiva de los funcionarios e incumplimiento en sus responsabilidades y compromisos desencadenó una sanción a la entidad territorial para la devolución de los recursos subutilizados por los administradores”, se lee en el informe.
De hecho, apenas un mes atrás, la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia contra el exalcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, quien fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante doce años.
La investigación reveló que el mandatario local no estableció de manera adecuada los términos del contrato, lo que incluyó la falta de especificación sobre la infraestructura a revertir de la concesión anterior y la omisión de un análisis sobre la prestación de servicios en áreas rurales.
Además de Bermúdez, otros exfuncionarios fueron sancionados. Keider Agustín Freyle Sarmiento, exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, y Ronald Neil Pérez Ojeda, exdirector de Contratación, también recibieron sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por diez años. Edén Eli Moscote Roys, extesorero general, fue inhabilitado por nueve años.
La Procuraduría determinó que Freyle, Pérez y Moscote, como miembros del comité evaluador designado por la Resolución No. 1577 de diciembre de 2022, violaron los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal. Permitieron que el oferente Promesa de Sociedad Futura Aqualia Riohacha subsanara un requisito no contemplado en el pliego de condiciones definitivo, lo que afectó la objetividad del proceso de selección.
Por su parte, en agosto de 2024 el Ministerio Público también formuló cargos contra Juan Carlos Suaza Movil debido a irregularidades en la revisión de la estratificación urbana realizada en 2019. Según la entidad, el exalcalde habría procedido con la contratación de este proceso sin contar con el concepto previo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), un requisito indispensable para efectuar una nueva estratificación en el municipio.
La Procuraduría señaló que la administración de Riohacha estaba al tanto desde 2016 de la necesidad de obtener dicho concepto antes de iniciar cualquier proceso de contratación relacionado con la estratificación. Esta omisión, según el ente de control, pudo constituir una violación de los principios que rigen la contratación estatal, así como de los deberes del exalcalde como jefe de la actividad contractual y de los procesos de selección del ente territorial.