Gustavo Petro y los bemoles de una decisión de escándalo: análisis político y económico de la ruptura de relaciones con Israel

Si hay un presidente que tomó partido de forma abierta en el conflicto entre Israel y Palestina, que el lunes 7 de octubre de 2024 cumplirá un año desde que se recrudeció, ese es Gustavo Petro. El jefe de Estado colombiano no tuvo problema en romper relaciones diplomáticas y comerciales con una nación con la que, por cerca de siete décadas, había un lazo de hermandad que parecía inquebrantable: Israel, a la que incluso ha comparado en sus métodos de defensa con las tácticas de exterminio empleadas por el régimen Nazi.

Este tipo de señalamientos, que se hicieron recurrentes a medida que escaló el conflicto derivado por el ataque terrorista de Hamas a poblaciones israelíes, en respuesta a la incursión, que causaron la muerte a 1.189 personas, entre ellos dos connacionales, Antonio Macias Montaño e Ivonne Rubio, le han ameritado el calificativo de antisemita al primer mandatario. De hecho, el Gobierno colombiano expulsó al embajador de Israel, Galí Dagan y suspendió, entre otras, la exportación de carbón al país asiático.

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Una serie de pasos, uno tras otro, motivados en gran medida por su forma personal de entender el conflicto, que trasladó hacia una visión institucional. Sin importar las críticas, Petro apoyó sin condiciones la determinación de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau, y de calificar la respuesta de su ejército en territorios como Gaza como una violación al derecho internacional humanitario, al cometer delitos de lesa humanidad.

En contraste, Petro no ha dudado en mostrar su respaldo público a la Autoridad Nacional Palestina en su lucha, sumado a sus tibios pronunciamientos sobre la violenta arremetida de la organización criminal, que no ha recibido de su parte un pronunciamiento en firme. Y es que desde el 1 de mayo, cuando el mandatario decidió cortar de raíz cualquier vínculo, pese a las consecuencias de tipo militar, pues Israel es uno de los principales proveedores en esa materia, el panorama es cada vez más incierto.

“Aquí, delante de ustedes, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”, fue el anuncio con el que en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, Petro decidió pasar de la retórica a la acción e inmiscuirse de manera frontal en una confrontación armada e ideológica que se libra a miles de kilómetros de distancia de su territorio. Sin tener claro que con ello ocasionaría una serie de sucesos que están aún por cuantificarse y cualificarse.

En la visión de Juan Nicolás Garzón, profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, e internacionalista con magíster en economía aplicada, es claro que el Petro ha sido coherente con su visión política, porque desde un primer momento denunció un presunto exceso de la fuerza por parte de las tropas israelíes contra la población palestina. Además, que desde su perspectiva, la postura del jefe de Estado de que la reacción hasta la fecha pueda ser catalogado como un genocidio.

“Ha sido consistente en su postura y ha condenado en todos los espacios internacionales en los que ha estado, razón por la cual el rompimiento de relaciones con Israel está enfocada en el mismo sentido. Sin embargo, cualquier determinación que habla de ese tipo de medidas no es deseable y, quizá, en su momento, el Gobierno colombiano se apresuró a tomar esa decisión; aunque eso no le quita ni fuerza ni coherencia al discurso, pues la respuesta de Israel ha sido desmedida”, expresó el analista.

Destacó, además, cómo las acciones emprendidas por Netanyahu han sido condenadas por organizaciones de derechos humanos a nivel mundial y, sobre esos informe, añadió, está convencido de que ha continuado la respuesta del Ejecutivo. Pero así como resaltó que ha habido una indignación si se quiere justificada por parte del primer mandatario, también fue enfático en señalar que de parte del Estado colombiano no ha habido una posición contundente sobre los ataques terroristas de Hamas y, ahora, Hezbolá.

“El presidente ha dicho muy poco sobre ese accionar y realmente no hay una condena directa hacia este tipo de hechos. Y uno esperaría que un jefe de Estado las condenara, porque viola los derechos humanos. La explicación que le encontraría a este asunto es que si el Gobierno se pronuncia en contra de Hamas, cree que pierde un poco de legitimidad y fuerza su mensaje con respecto a Israel. Yo no lo interpreto de esa manera, en que la condenada tiene que centrarse en el más fuerte y tiene una relación desigual a su favor”, dijo.

En su análisis, para él se deben condenar todas las formas de violencia, en especial, a los métodos que una organización criminal como Hamas usó en su momento y teniendo ciudadanos israelíes que están en manos de esa organización. Lo que podría entenderse, según él, en que el Gobierno privilegia sus acusaciones en contra de Israel y obvía con otras acciones que “sean condenables” y hayan sido cometidas por otros grupos.

Reiteró que, en principio, el hecho de romper relaciones entre un estado y otro sea adecuada o inadecuada, sino el término que acuñó es el de indeseable. “Y es el último recurso en una relación política bilateral. Y probablemente no se agotaron los recursos y medios necesarios para esta situación”, aseveró Garzón; aunque es de los que considera que sí era un canal diplomático que no podía sostenerse, y “tarde que temprano” se preveía este desenlace, pues por su lado Israel también ha radicalizado su ofensiva.

Por su parte, Orlando Santiago, experto en materia económica y CEO de la firma Fénix Valor, mostró su preocupación por los efectos colaterales que podrían causar esta determinación, no solo en el canal diplomático que estuvo abierto desde la creación del estado de Israel, en 1948, pero además, por la relación económica que, independientemente de las corrientes ideológicas de los antecesores del primer mandatario, se fortaleció a tal punto que se estableció un tratado comercial.

En su concepto, la situación que protagoniza Israel con varios de sus vecinos, que se ha acrecentado en el último año, ha generado un ambiente de crispación, incluso, similar al que representa el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha extendido por más de dos años. “Aunque, por fortuna, se ha vuelto un conflicto regional que no ha desbordado el plano internacional. Pero para la causa colombiana, es claro el componente político que ha llevado a otros países a apoyar a una de las dos partes, en este caso palestina”, agregó.

Y es que, a diferencia de otros países, que se han mantenido al margen, en el caso de Petro ha tomado decisiones de tipo económico y legal como la suspensión de exportaciones de carbón, además de la suspensión de maquinaria y bienes provenientes del estado asiático. “Por ahora no se han notado los efectos, pero probablemente pueda tener repercusiones más adelante. Se están tomando unas decisiones que tendrán impacto importante, en un tema que está politizado por la lucha palestina”, advirtió.

Para Santiago, el meollo del asunto es que se está llevando más allá del plano de opinión, sino a la acción, por lo que está expectante de cómo avanzarán los acontecimientos para conocer hasta dónde podría llegar la postura del Gobierno Petro. Y, en el tema específico del carbón, expresó que la cuestión no está en que se suspendan las exportaciones, que es algo que a mediano plazo está proyectado por el Gobierno, sino que salga a buscar, quizá por capricho, nuevos clientes para un mercado que tenía ya consolidado.

“La preocupación pasa porque Colombia sale a buscar clientes en mercados generales, no con un cliente específico. Pero como este es un hecho reciente, reitero, habrá qué ver qué información se conoce sobre las consecuencias de romper las relaciones económicas. Y analizar si todos los exportadores de carbón del país siguen generando las mismas regalías, o si la decisión del presidente generará un hueco en los ingresos fiscales de la nación”, precisó Santiago con su afirmación.

Es válido destacar que Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, se calcula que al menos 350 millones de dólares por la suspensión de exportaciones entre Colombia e Israel; a tal punto de que el decreto con el que quedó en firme la decisión podría ser declarado anticonstitucional, debido a que podría estar violando acuerdos comerciales como el TLC, por argumentos que no corresponden al ámbito económico sino moral.