Más de 100 estudiantes colombianos se quedaron sin prácticas en el Congreso por disputas administrativas

En abril de 2024, una convocatoria para prácticas laborales en el Congreso de la República de Colombia prometía a los estudiantes una experiencia educativa sin remuneración, pero con la cobertura de riesgos laborales a cargo del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael). Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el Cael no cumplió con su compromiso, dejando a los estudiantes sin prácticas y con pérdidas económicas significativas, según informó Blu Radio.

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Más de 450 estudiantes se postularon para estas prácticas, de los cuales 115 fueron seleccionados. Estos estudiantes participaron en inducciones y capacitaciones en el Capitolio, con la expectativa de iniciar sus prácticas el 1 de agosto de 2024. Sin embargo, la fecha llegó y pasó sin que las prácticas comenzaran, y los estudiantes recibieron poca comunicación por parte del Cael. Finalmente, se les informó que el retraso se debía a la implementación de la Ley 2366 de 2024, que otorgaba al Cael el carácter de ente público adscrito a la rama legislativa, lo que alteró las condiciones de vinculación de los estudiantes.

El cambio en las directivas del Cael implicó que no se asumiera el seguro de ARL (Administradora de Riesgos Laborales), argumentando la falta de recursos del Ministerio de Hacienda. En su lugar, se indicó que las universidades debían cubrir el costo del seguro, lo que generó un problema adicional para los estudiantes y las instituciones educativas involucradas.

La situación se agravó cuando muchas universidades no estaban en condiciones de asumir este costo adicional, dejando a los estudiantes en una posición precaria. La falta de comunicación y la incertidumbre sobre el futuro de sus prácticas generaron frustración y descontento entre los afectados, quienes habían invertido tiempo y recursos en prepararse para esta oportunidad.

Según lo revelado por Blu Radio, las universidades han rechazado asumir esta responsabilidad, argumentando que corresponde al Cael (Centro de Apoyo para el Estudiante en Prácticas), lo que ha dejado a muchos estudiantes sin poder realizar sus prácticas y enfrentando pérdidas económicas significativas.

Una de las estudiantes afectadas, que prefirió no revelar su identidad, compartió su experiencia con el medio: “Renuncié a mi trabajo para hacer las prácticas en el Cael, y luego me dijeron que no podían hacer nada. Me ofrecieron la posibilidad de presentarme el próximo semestre, pero ya había perdido mucho tiempo”. Esta situación ha sido especialmente difícil para aquellos que se trasladaron desde otras regiones del país a Bogotá, incurriendo en gastos de arriendo y manutención.

Lisbeth Pascuaza, otra estudiante perjudicada, expresó su frustración por el retraso en el inicio de sus prácticas, lo que ha impactado tanto su calendario académico como su situación económica. “Estuve un mes y medio sin avanzar, pagando arriendo y otros gastos en Bogotá, lo cual retrasará mi graduación”, comentó.

El Cael ha propuesto llegar a un acuerdo con las universidades para cubrir la ARL, pero los estudiantes sostienen que esta opción contradice lo que se les prometió inicialmente.

En el ámbito académico, la afiliación a riesgos laborales es un tema crucial cuando los estudiantes participan en prácticas laborales. Según la normativa vigente, la responsabilidad de afiliar a los estudiantes al sistema general de riesgos laborales puede recaer tanto en la institución educativa como en la empresa donde se realizan las prácticas, dependiendo de las circunstancias específicas.

En situaciones donde las prácticas generan ingresos para la institución educativa, como ocurre en algunas instituciones estatales de educación media técnica, es la institución la que debe encargarse de la afiliación y del pago de los aportes correspondientes. Asimismo, si las prácticas son un requisito indispensable para la culminación de los estudios o para la obtención de un título o certificado, la entidad educativa asume esta responsabilidad.

Por otro lado, cuando las prácticas se llevan a cabo en empresas públicas o privadas, la obligación de afiliar a los estudiantes y de realizar los pagos pertinentes recae sobre la empresa. En ciertos casos, pueden existir acuerdos específicos entre la institución educativa y la empresa para determinar quién asumirá la afiliación y los aportes, lo que subraya la importancia de evaluar cada situación de manera individual para establecer claramente las responsabilidades.

Cael, el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las funciones del Congreso de la República de Colombia. Este organismo oficial, reconocido por la Ley 2165 de 2021, se dedica a la investigación, análisis y formación en temas legislativos y parlamentarios.

Se centra en la articulación entre el Congreso y la academia, creando un espacio donde se promueve la colaboración con instituciones educativas. Entre sus funciones principales se encuentra la realización de investigaciones sobre procesos parlamentarios y temas de interés público, así como la oferta de cursos y seminarios en áreas como el derecho parlamentario y el procedimiento legislativo.

Además, se dedica a fomentar la participación de los jóvenes en el ámbito legislativo. Ofrece oportunidades para que estudiantes de últimos semestres realicen prácticas o pasantías en el Senado de la República, permitiéndoles aplicar sus competencias profesionales en un entorno real. Estas prácticas se realizan bajo la modalidad Ad-Honorem, lo que significa que no son remuneradas, pero brindan experiencia en el ámbito congresional.

El centro también actúa como un puente entre el Congreso y las instituciones académicas, facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos.