Un aberrante caso que se registró en los departamentos de Antioquia y Risaralda dejó como resultado la captura por parte de la Policía Nacional de un hombre de 56 años.
Lo peor de este caso es que, según lo que confirmaron las autoridades, este sujeto habría abusado de su hijastra durante 13 años consecutivos.
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Por si fuera poco, la madre de la menor que está con la policía también era partícipe de los abusos que cometía su pareja sentimental sobre su hijo. Lo cual quiere decir que este abusador actuaba bajo el consentimiento de la progenitora.
La detención del hombre se realizó con orden judicial gracias a la denuncia que interpuso la víctima de estos vejámenes, y se confirmó que hasta el año 2024 se vinieron cometiendo esta clase de violaciones, pero en zona rural del municipio de La Celia (Risaralda), a donde se mudó la familia. Todo inició cuando la familia vivía en el municipio de Segovia, situada al nororiente de Antioquia. Allí, desde que la víctima tenía cinco años, se empezaron a cometer los abusos.
Gracias a esto el abusador tendrá que responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento y violencia intrafamiliar. La pena que este hombre podría enfrentar se encuentra entre los 12 y 20 años de prisión.
Con el material recopilado por parte de las autoridades, que incluyó entrevistas y pruebas médicas realizadas a la víctima, un juzgado del municipio de La Virginia (Risaralda) emitió la orden que permitió a los agentes dar con la captura del hombre en el parque principal de La Celia.
De acuerdo con la denuncia que se conoció a través de Noticias RCN, la madre de la menor también era partícipe en estos abusos. Todo ocurría bajo el mismo techo.
Se espera que, con su detención y el material probatorio, la Fiscalía General de la Nación pueda condenarlo para que responda por este caso que tiene impactada a toda la comunidad de La Ceila, tras conocerse los motivos de la captura, hecha ante la mirada de los lugareños.
La situación de abuso sexual a menores en el país es alarmante
Medicina Legal ha reportado que en el último año se han registrado 19.192 casos de abuso sexual contra menores en el país, lo que equivale a un promedio de 53 casos diarios, con corte al de abril de 2024, indicó el Senado de la República.
Este alarmante dato subraya la urgencia de reforzar las medidas para proteger a los niños de la violencia sexual. En respuesta a esta situación, un proyecto de ley que busca fortalecer las medidas preventivas ha avanzado al último debate en el Congreso.
La iniciativa, discutida y aprobada por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara, establece inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, especificando en qué profesiones o cargos no podrán desempeñarse. Este proyecto es parte de la reglamentación del registro de abusadores sexuales, que ya es ley en el país desde 2018, y fue impulsado por la senadora Nadia Blel (Partido Conservador).
El registro de abusadores sexuales obliga a todas las entidades, tanto públicas como privadas, a consultarlo antes de contratar personal que trabajará en contacto directo y habitual con menores. Sin embargo, la Corte Constitucional ha solicitado que el Congreso defina los plazos y cargos específicos para estas inhabilidades, lo que ha llevado a la creación del nuevo proyecto de ley.
“Con esta iniciativa buscamos garantizar que esos espacios sean seguros y que las personas que tengan bajo su cuidado a nuestros niños sean las personas idóneas”, afirmó Blel.
En tanto que la agencia de derechos humanos Pandi, ha calificado al país como “peligroso para la niñez”, debido a que muchos de los abusos son cometidos por personas cercanas a los menores. Esta situación ha generado una creciente preocupación y la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir futuros delitos.
El proyecto de ley, que ahora se encuentra en su etapa de conciliación, representa un esfuerzo significativo por parte del Congreso para abordar un problema que afecta de forma severa a la sociedad. La aprobación de esta normativa podría marcar un paso importante hacia la protección de los derechos de los menores y la prevención de la violencia sexual en el país.