Sector postal en Colombia despega: ingresos superaron los $587.000 millones en el segundo trimestre de 2024

En el segundo trimestre de 2024, el sector postal en Colombia reportó ingresos que superaron los $587.000 millones, un aumento significativo en comparación con 2023. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información (Min TIC), que lidera Mauricio Lizcano, en este periodo se registraron cerca de 6,07 millones de envíos por medio del servicio de correo, lo que representó un incremento de 900.000 envíos respecto al mismo período de 2023, cuando la cifra fue de 5,2 millones.

Este crecimiento en la actividad postal se tradujo en un ingreso adicional de más de $21.000 millones. La mayoría de estos ingresos, alrededor del 83,7%, provinieron de envíos individuales, que alcanzaron los 1,42 millones. En contraste, los envíos masivos totalizaron 3,63 millones, lo que aportó un 16,3% a los ingresos generales del sector.

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En cuanto a la mensajería expresa, la cifra total de envíos alcanzó los 69,22 millones. De esta cantidad, 44,88 millones correspondieron a envíos individuales, que generaron ingresos de más de $523.000 millones. Los envíos masivos en este ámbito sumaron 24,34 millones, lo que representó el 35% del total en mensajería expresa. En términos de ingresos, este servicio se tradujo en más de $565.000 millones, con más de $523.000 millones provenientes de envíos individuales y $42.500 millones de envíos masivos.

La empresa de servicios postales 4-72, que se fundó en 2006 tras la liquidación de la antigua empresa estatal de mensajería Adpostal, enfrenta una crisis que se intensificó durante la pandemia del covid-19. El 13 de junio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) dio luz verde a un plan de reestructuración para 4-72, que había acumulado deudas millonarias debido a la drástica disminución en el uso de sus servicios postales.

La crisis se acentuó a partir de la aplicación del decreto 806 en 2020, que promovió el uso de tecnologías de la comunicación en procesos judiciales. Esta medida eliminó la necesidad de transportar documentos de forma física entre distintas entidades del Gobierno, lo que redujo de manera notable la demanda de los servicios postales. Aunque el decreto, en principio, tenía una vigencia de dos años, en junio de 2022 se convirtió en permanente por medio la Ley 2213, en una época en la que Iván Duque aún ocupaba la Presidencia de Colombia.

El impacto económico de esta transición hacia la digitalización resultó imporante. Según cálculos de Sintrapostal, el cambio de comunicaciones físicas a medios digitales generó pérdidas estimadas de $57.970 millones en 2020 y más de $65.000 millones en 2021 para la empresa 4-72.

Asimismo, con el propósito de aumentar los ingresos y asegurar la operatividad de la empresa 4-72, se firmó un convenio importante entre esta compañía postal y Colombia Compra Eficiente. Este acuerdo permitió que más de 3.000 entidades públicas, tanto nacionales como territoriales, empezaran a tener acceso a los servicios que ofrece 4-72 por medio de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente. Las entidades podrán beneficiarse de precios estandarizados y un compromiso con la calidad del servicio.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mauricio Lizcano, enfatizó la relevancia de este convenio, por lo que destacó que “a partir de hoy, 4-72 queda enlistada en Colombia Compra Eficiente como una entidad de demanda agregada.” Esto, según el ministro, ofrece a las entidades la posibilidad de contratar con confianza y fortalecer a la empresa pública.

Dicho acuerdo permite a 4-72 ofrecer servicios de correo, correspondencia y encomienda tanto a nivel nacional como internacional, lo que facilita la circulación de envíos en más de 1.103 municipios y en más de 190 países.

El presidente de 4-72, Jimmy Alejandro Quintero, comentó que esta iniciativa representó un avance notable para la empresa, con la expectativa de que se incremente la base de clientes y se modernicen los procesos de contratación. Además, la aplicación de esta estrategia busca reducir los tiempos de contratación pública y fomentar procesos más transparentes y eficientes.