Ricardo Bonilla reveló grave situación económica: “La deuda financiera del país alcanzó niveles insostenibles”

En medio de la Feria de Economía para la Vida, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abordó la preocupante situación económica de Colombia, revelando que la deuda financiera del país alcanzó niveles insostenibles en 2024. Durante su intervención, Bonilla señaló que el crecimiento económico de 2021 y 2022 fue pagado, poniendo en evidencia la carga que representa la deuda acumulada.

En sus declaraciones, Bonilla indicó que antes de la pandemia, la deuda del país era del 48% del PIB, pero al final de este período crítico, se disparó al 61%, lo que representa un incremento de 12 puntos porcentuales. “Fueron 200 billones de pesos”, enfatizó el ministro, señalando la magnitud del desafío que enfrenta la economía colombiana.

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El ministro también advirtió la urgencia del pago de la deuda. “Todo ese proceso de endeudamiento implica que en el 2023 tenga que pagar 75 billones de pesos de deuda; en el 2024 hay que pagar 95 billones y en el 2025 tenemos que pagar 112 billones de pesos”, anunció Bonilla. Este panorama financiero es aún más alarmante dado que el 53% de los 112 billones de pesos corresponden a intereses, lo que llevó a Bonilla a afirmar que lo que realmente “los está matando son los intereses”.

La situación se vuelve más crítica cuando se considera que las tasas de interés son superiores a la tasa de crecimiento económico. En el primer semestre de 2024, la tasa de crecimiento se situó en apenas el 1,4%, en contraste con los impresionantes 10,8% y 7,3% alcanzados en 2021 y 2022, respectivamente, años en los que el país asumió deuda para estimular la recuperación económica.

“No podemos recuperar el crecimiento económico (actual) con el mismo argumento con el que crecimos los años 21 y 22. No podemos endeudar más al país”, destacó Bonilla. En este sentido, el Gobierno está intentando recuperar la economía sin incrementar el endeudamiento, utilizando parte de los recursos para amortizar la deuda acumulada durante los años anteriores.

Para hacer frente a estos retos, el Gobierno colombiano impulsó el Pacto por el Crédito, que se ejecutará en colaboración con los bancos comerciales y el sector privado. Este plan contempla un desembolso de créditos adicionales por un total de 55 billones de pesos en sectores estratégicos durante los próximos 18 meses. Las áreas beneficiarias incluirán vivienda e infraestructura, manufactura y transición energética, agropecuario, economía popular y turismo.

El déficit fiscal, que se produce cuando los gastos del Gobierno superan sus ingresos, tiene profundas implicaciones económicas y sociales en un país. En primer lugar, un déficit persistente puede llevar a un aumento de la deuda pública, ya que el Gobierno debe financiar su gasto a través de préstamos. Esto, a su vez, puede resultar en tasas de interés más altas, lo que encarece el crédito tanto para el sector público como para el privado. Las empresas, enfrentando mayores costos de financiamiento, pueden recortar inversiones, lo que limita el crecimiento económico y la creación de empleos.

Desde una perspectiva social, el déficit puede afectar la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando un gobierno enfrenta presiones para reducir el déficit, puede optar por recortar el gasto en servicios públicos esenciales, como educación, salud e infraestructura.

Estas decisiones suelen impactar de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, aumentando la desigualdad y la pobreza. La reducción de programas sociales puede resultar en una mayor carga para los hogares de bajos ingresos, que dependen de estos servicios.

Además, la percepción de un déficit elevado puede disminuir la confianza de los inversores y de los consumidores en la economía. Esto puede llevar a una menor inversión extranjera, desacelerando aún más el crecimiento económico. En última instancia, la gestión del déficit fiscal es crucial no solo para la salud económica de un país, también para la estabilidad social, ya que un manejo adecuado puede fomentar un entorno propicio para el desarrollo inclusivo y sostenible