El pasado 31 de julio de 2024 se dio a conocer la decisión del Juzgado Segundo Especializado de Bucaramanga de darle libertad con fallo absolutorio a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, vinculado al tráfico de drogas en la capital del departamento de Santander.
Esta liberación generó polémica, por lo que el Gobierno nacional tuvo que aclarar que Camargo Ríos nada tiene que ver con los proyectos de la Paz Total. En ese sentido, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, negó haberlo nombrado gestor de paz: “Nunca he hablado de ese señor, no conozco el caso del señor tampoco. Sabemos que no es un gestor de paz”, sostuvo en diálogo con Mañanas Blu.
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Por su parte, Otty Patiño, consejero comisionado de paz, en un comunicado, dijo que el sujeto con un expediente amplio de delitos “no ha sido designado como gestor de paz ni participa en ninguno de los procesos de la política de paz total que se adelantan actualmente”.
La Consejería de Paz, aclaró que “el marco jurídico para ser gestor de paz es claro y riguroso: Los gestores de paz deben tener un plan de trabajo específico y contribuir activamente a procesos de diálogo y construcción de paz. Cualquier persona designada bajo esta figura debe contar con una resolución formal que lo acredite”, puntualizó.
A propósito, la titular de la cartera de Justicia dijo que se trata de una interpretación desacertada en el contexto de un festival de conciliación en donde se discutían los gestores de paz. Sobre las violaciones de la detención domiciliaria por parte de alias Pichi, Buitrago explicó que la justicia colombiana tiene un procedimiento establecido para revocar esta medida cuando se incumplen las condiciones impuestas.
En otro orden de cosas, la ministra despejó las dudas que surgieron alrededor del funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), clarificando las intenciones del Gobierno: “El Gobierno nunca ha pensado en acabar con la JEP, nunca se ha realizado ningún esfuerzo por recortar el tiempo que por ley le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Según la alta funcionaria, “el Gobierno es consciente de la función de la JEP, el presidente la ha reconocido también y el mismo comisionado de Paz. Lo que trata de decir es que la justicia transicional es una justicia que tiene un tiempo específico, es decir, que no puede ser de por vida”
Por último, se refirió a la viabilidad de pedir la suspensión de órdenes de captura de algunos miembros de la segunda Marquetalia en el marco de los procesos de paz. No obstante, dijo que esa decisión corresponde al presidente Petro y será él quien realice la solicitud a los jueces competentes.
El historial delictivo de alias Pichi
El ingreso de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, al mundo del crimen comenzó hace 20 años, cuando era expendedor de drogas, después de tomar el control del negocio de narcotráfico y microtráfico, creó el grupo criminal Los San Rafa, del cual era líder.
Con este prontuario delictivo, la policía del área metropolitana lo capturó en 2015 por primera vez, pero logró fugarse luego de 56 días saltando de un segundo piso de una clínica mientras estaba en una cita médica. En Medellín, Antioquia, se realizó su captura en 2018 y al año siguiente le otorgaron prisión domiciliaria.
Según el informe de las autoridades, Camargo Ríos siguió delinquiendo desde los centros penitenciarios a los que fue trasladado y es presuntamente el causante de múltiples asesinatos en la capital santandereana tras la disputa de microtráfico.
Camargo tiene la guerra declarada con alias Poporro, que pertenece a la banda criminal Los del sur. Este grupo y Los de San Rafa, son dos grupos que mantienen el poder por el narcotráfico y esto ha generado una guerra entre los dos bandos, que se disputan el microtráfico en Bucaramanga.