Venta de acciones de EPM en Tigo Une será discutido en el Congreso: Federico Gutiérrez y Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, tendrán que dar explicaciones

Un mes después de que el Concejo de Medellín aprobara el proyecto que busca la enajenación de acciones de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo UNE, continúan las críticas de diferentes sectores políticos del país, al tanto que el Congreso de la República le pondrá la lupa a esta situación.

Ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, fue presentado una proposición de debate de control político contra el ministro de las Tecnologías, Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la Superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y al gerente de EPM, Jhon Alberto Salazar Maya, para que respondan sobre el proceso de venta que tiene la compañía antioqueña en las dos empresas de telecomunicaciones.

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El debate es liderado por Susana Boreal, representante a la Cámara del Pacto Histórico por el departamento de Antioquia, quien sustenta que este es un tema de interés nacional.

“La venta de UNE-EPM afecta no solo a Medellín, sino al mercado de telecomunicaciones en todo el país, ya que esta empresa pública participa en un sector estratégico de las TIC”, explicó Boreal en un documento revelado por Noticias Caracol.

Adicionalmente, la congresista de la bancada del Gobierno Petro en el legislativo cuestionó que “el valor comercial de EPM se ha deteriorado significativamente desde su fusión con Millicom en 2014, y su patrimonio ha caído de 3,1 billones de pesos a 358.000 millones de pesos en 2023, afectando el patrimonio público de Medellín”.

Igualmente, Boreal insistió en la necesidad de citar a un control político a los funcionarios mencionados, “para que los responsables rindan cuentas sobre las decisiones que han llevado a esta situación y se esclarezca el impacto de la venta de UNE-EPM en los intereses nacionales”.

En el texto publicado en el citado medio de comunicación, se observa los cuestionamientos que realiza la representante antioqueña a cada uno de los dirigentes llamados a explicar la venta de EPM en Tigo Une.

Al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, Susana Boreal le preguntó: “explique las implicaciones que tendría la venta de UNE-EPM sobre la competencia y los derechos de los usuarios en el mercado de las telecomunicaciones, así como las medidas de supervisión y control que el Ministerio ha adoptado para garantizar que la venta no se realice por debajo del valor de la empresa”.

La congresista del Pacto Histórico también le pidió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que presente un informe sobre “los fundamentos que sustentan su aval a la venta de EPM, los mecanismos para proteger el patrimonio público y las razones de la falta de una nueva valorización de las acciones antes de someter la venta a aprobación”.

De igual forma, interrogó a la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, frente al impacto de depreciación del valor de EPM, “y las acciones tomadas para garantizar la competencia en el sector, así como las investigaciones adelantadas respecto a las decisiones que llevaron a la pérdida del valor de la empresa”

Por el momento, se desconoce la fecha y la hora de la citación del control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Además de la discusión en el Congreso, en el Tribunal Administrativo de Medellín fue radicada una acción popular contra el acuerdo 009, que autoriza la venta de acciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo UNE, aprobado por el Concejo Distrital.

La tutela fue presentada por el abogado Esteban Manco, quien asegura que durante la discusión en el cabildo distrital no se presentó el aval preliminar de la Secretaría de Hacienda de Medellín.

“Lo que se pretende con la acción popular es que se declare la nulidad de ese acuerdo que autoriza la venta de esa participación accionaria y que se presente con tiempo el avalúo preliminar por parte del secretario de Hacienda a los concejales para que se conozca el avalúo en el mercado y no en los libros contables”, explicó el abogado Manco a los medios de comunicación, agregando que tampoco fueron presentados los estudios técnicos que sustentan la estimación económica de las acciones.