Frenar peajes traería riesgo para 40.000 empleos y la expansión vial en Colombia, grave advertencia

En un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo, liderado por Juan Benavides, Germán Lleras y Armando Montenegro, se puso de manifiesto la contribución de las asociaciones público-privadas (APP) al desarrollo de la infraestructura en Colombia durante los últimos 25 años. Este estudio, solicitado por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), destacó cómo la inversión privada fue fundamental para el progreso en este sector, posicionando el modelo APP como una estrategia vital para el futuro del país.

Las mejoras en la infraestructura vial no solo son cruciales para el transporte, también generan un efecto multiplicador en la economía, beneficiando al Producto Interno Bruto (PIB) y la creación de empleo en diversas regiones del país. El estudio de Fedesarrollo señaló que “cada peso invertido en obras civiles se traduce en un aumento de 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 pesos en salarios y 4,90 pesos en impuestos”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Asimismo, se resaltó que los multiplicadores para el sector de servicios de transporte terrestre son igualmente impresionantes, con un impacto de 2,20 en el PIB, 2,53 en salarios y 7,91 en impuestos. Sin embargo, a pesar de estos logros, persisten desafíos significativos, especialmente en el ámbito de los peajes. En este sentido, se estima que alrededor de 40.000 empleos están vinculados a los peajes, que actualmente enfrentan problemas de orden público.

En particular, en la malla vial del Meta, los peajes de La Libertad (Villavicencio), Ocoa (Acacías) e Iracá (Granada) generaron 3.929 empleos, de los cuales 3.477 son indirectos. Estos peajes también implementaron 19 programas ambientales que beneficiaron a 68.363 personas a través de iniciativas sociales.

El impacto social se evidencia aún más en otras regiones. Por ejemplo, en el peaje Puente Amarillo, que conecta Villavicencio y Yopal, se generaron 26.108 empleos totales. De manera similar, en la ruta Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, el peaje Papiros creó 9.671 empleos e invirtió 3.712 millones de pesos en programas sociales que impactaron a 9.625 personas.

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, señaló que “este esfuerzo no hubiese sido posible en la medida que fuera exigido a los contribuyentes en el pago de peajes”, indicando que el modelo de APP permite liberar recursos y garantizar que las inversiones se realicen sin sobrecargar a los ciudadanos.

El estudio también resaltó la necesidad de establecer reglas claras que garanticen la sostenibilidad del modelo y la expansión de la infraestructura. Lleras advirtió que “de no mantenerse las reglas de juego claras, el acceso al crédito será más costoso, la calificación de riesgo-país empeorará y el clima de inversiones negativo alejará inversiones hacia otras geografías”.

Eliminar los peajes en Colombia tendría importantes repercusiones económicas y sociales, de acuerdo con Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Los peajes son una fuente clave de financiamiento para los proyectos de infraestructura vial a través de asociaciones público-privadas (APP), lo que permite que el sector privado invierta en la construcción y mantenimiento de carreteras, túneles y puentes.

Sin estos recursos, el Estado tendría que asumir mayores costos, lo que afectaría el presupuesto público y limitaría el avance de nuevas obras. Además, la eliminación de los peajes pondría en riesgo miles de empleos generados por estos proyectos. La falta de financiamiento no solo impactaría los empleos, también el mantenimiento de las vías, lo que podría llevar a su deterioro y aumentar los costos de transporte y la accidentabilidad.

Asimismo, muchos programas sociales y ambientales vinculados a las concesiones viales dependen de los recursos provenientes de los peajes. Estos programas benefician a las comunidades locales. La eliminación de los peajes, según Fedesarrollo y la CCI, afectaría gravemente el desarrollo de la infraestructura, el empleo y el bienestar de las comunidades, además de reducir la competitividad del país.