Desmantelaron 64 establecimientos ilegales disfrazados de sindicatos de los 119 registrados

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en colaboración con la Alcaldía Mayor de Bogotá, intensificaron sus operativos para desmantelar establecimientos que se presentan como sindicatos, pero que operan fuera de la ley. Según las autoridades, alrededor de 64 de estos locales, de un total de 119 registrados en la ciudad, están bajo investigación por evadir controles y funcionar más allá de los horarios permitidos, lo que facilita actividades ilegales como la venta de alcohol y drogas a menores.

Las intervenciones se concentran en localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Mártires y Antonio Nariño, donde se ha detectado un mayor número de estos establecimientos. La estrategia forma parte del nuevo Modelo del Servicio de Policía, que busca mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

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El uso indebido de la figura sindical para operar bares y discotecas es una táctica que permite a estos negocios eludir las regulaciones vigentes. Las autoridades advirtieron que los responsables de estos establecimientos podrían enfrentar sanciones que oscilan entre uno y cinco mil salarios mínimos, conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

La Mebog reafirmó su compromiso de continuar con los operativos de registro y control en estos locales, con el objetivo de erradicar el uso fraudulento de la figura sindical. Las acciones incluyen la suspensión inmediata, temporal o definitiva de las actividades económicas de los establecimientos infractores.

Es importante recordar que las organizaciones sindicales tienen prohibido realizar actividades económicas con fines de lucro, como la operación de bares y discotecas. La normativa busca asegurar que los sindicatos se dediquen exclusivamente a la defensa de los derechos laborales y no a actividades comerciales.

Por otra parte, según declaraciones del concejal Julián Uscátegui del Centro Democrático, estos lugares, que operan bajo la fachada de sindicatos, se dedican a actividades ilegales como la explotación sexual, la venta de licor adulterado y el tráfico de estupefacientes, informó el concejal.

Un sindicato, por definición, es una asociación de trabajadores que busca defender los intereses de sus miembros. Sin embargo, la protección legal que estas sedes reciben ha sido aprovechada por individuos inescrupulosos para abrir bares clandestinos, eludiendo así la vigilancia de las autoridades locales y la Policía Nacional. Según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en 2023 se identificaron 108 de estos establecimientos ilegales, de los cuales 96 siguen operando.

El concejal Uscátegui instó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a coordinar con el Gobierno para cerrar estos establecimientos y asegurar el cumplimiento de la ley. Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene la facultad de imponer multas a los sindicatos que infringen la ley, y en casos de reincidencia, puede solicitar su disolución y cancelación del registro sindical.

Recientemente, durante el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios celebrado en Barranquilla, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Trabajo para que intensifiquen el control sobre los sindicatos en la capital colombiana. De acuerdo con el alcalde, existen más de 100 sitios operando de manera ilegal en la capital del país, lo que, a su juicio, contribuye a problemas de delincuencia, drogas y violencia.

“Le pedimos al Gobierno Nacional y al Ministerio del Trabajo, que es el que tiene las competencias de darnos las herramientas para poder entrar a vigilar, que no mire para otro lado, porque esto nos está generando delincuencia, temas de drogas, violencia, asesinatos y una cantidad de problemas en los entornos”, enfatizó el funcionario, solicitando herramientas para una vigilancia más efectiva.

La situación ha generado preocupación entre los residentes de las áreas afectadas, quienes deben lidiar con el ruido, el consumo de alcohol y drogas, y la prostitución en sus barrios. Uscátegui enfatizó la necesidad de mejorar la calidad de vida de los bogotanos y aseguró que es inaceptable que las autoridades no puedan intervenir en estos casos.

Cabe agregar que, en un operativo reciente, las autoridades clausuraron temporalmente tres establecimientos comerciales en la jurisdicción del CAI Villa Claudia. Estos locales, que operaban bajo la fachada de sindicatos, fueron intervenidos tras descubrirse que evadían los controles oficiales y almacenaban sustancias psicoactivas, específicamente marihuana y tusi. La medida de cierre se estableció por un periodo de 10 días, conforme a lo estipulado en la Ley 1801 de 2016, artículo 92, numeral 8, que prohíbe la posesión y comercialización de drogas o sustancias ilícitas.

Durante las actividades de registro y control, las autoridades encontraron evidencias que justificaron la suspensión de las actividades económicas de estos establecimientos. Este tipo de operativos busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y prevenir la distribución de sustancias prohibidas en la comunidad.