Day Vásquez envió una alerta en sus redes sociales tras el escándalo del representante David Racero: “NO es el único”

El escándalo que envuelve al representante a la Cámara David Racero, perteneciente al Partido Pacto Histórico, tomó un giro inesperado, ya que las acusaciones iniciales de abuso de poder y manejo irregular de los recursos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), se suman nuevas revelaciones que ponen en duda la integridad del sistema legislativo; sin embargo, la situación se complicó aún más cuando Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y figura clave en el caso de lavado de activos que involucra a al hijo del presidente de la República, sugirió que el congresista no era el único político involucrado en este tipo de irregularidades.

El periodista Santiago Ángel divulgó a través de su cuenta en X que, de acuerdo con las últimas informaciones, un empleado del equipo de Racero había transferido dinero a las cuentas de su padre y hermano. Este hecho se une a la publicación de un audio donde se evidencia que uno de los empleados del congresista asumió tareas que no correspondían a su cargo, lo que agrava las sospechas sobre la gestión del congresista.

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Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue la respuesta de la barranquillera Day Vásquez al mensaje del periodista Santiago Ángel sobre el congresista. Ella, que estuvo al tanto de diversas situaciones políticas debido a su relación con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, emitió una alerta sobre la situación.

Vásquez expresó en X que: “Pero NO es el único!!”, lo cual generó inquietud entre muchos, ya que aún no está verificada la autenticidad de las acusaciones contra Racero, legalmente; sin embargo, de alguna manera, ella parece confirmarlas al enfatizar que estas denuncias no se limitan solo a este congresista del Pacto Histórico, sino que involucran a otros políticos que podrían estar abusando de sus equipos de UTL.

El escándalo original surgió tras la publicación de una columna del periodista Daniel Coronell en la revista Cambio, donde se destaparon las primeras denuncias sobre el mal manejo de fondos de la UTL de Racero. En particular, el periodista reveló que un miembro de su equipo había consignado la suma de $5.320.000 a cuentas de familiares del congresista, un movimiento que se realizó el 24 de diciembre de 2018 en Puerto Carreño, Vichada. Esta región es conocida como el lugar de origen de Yidis Gahona, un exintegrante de la UTL que tuvo que renunciar tras ser acusado de acoso sexual.

Gahona, pareja de Estefanía Montoya, que también trabajó en el equipo de Racero, aparece en chats que evidencian la aparente irregularidad en el manejo de recursos. En un mensaje de diciembre de 2019, la exasesora le indicó a al representante sobre el desglose de su salario, al señalar: “Cada mes me pagan $8.158.000. Le doy a Yidis $3.500.000. Yo tomo $4.300.000. Quedan $358.000″. Ante esto, el congresista respondió: “OK. Tenlo ahí”, lo que implica una clara complicidad en el manejo de fondos.

Adicionalmente, Coronell reveló que en diciembre de 2019, otra asesora de Racero, Viviana Marcela Moreno, transfirió $4.000.000 a la cuenta de su padre, mientras que en abril de ese año se reportó otra transferencia por $2.000.000 a su hermano, Jorge Luis Racero Mayorca. Estas transacciones llevaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría a abrir indagaciones preliminares sobre el congresista.

La Procuraduría General de la Nación, liderada por Margarita Cabello, confirmó que se están revisando posibles conductas disciplinables del representante Racero, específicamente en relación con las solicitudes de dinero a sus funcionarios y el uso indebido de su equipo de trabajo. La funcionaria declaró que están “listos para hacer la indagación y verificar si eso es cierto o no”.

La situación de Racero, aunque preocupante, podría ser solo la punta del iceberg en un sistema que, según algunos usuarios en redes sociales, está marcado por la corrupción y el abuso de poder durante años. El caso está recibiendo la atención de diversos sectores de la sociedad, que demandan rendición de cuentas y reformas para garantizar que los recursos destinados a la función pública se utilicen adecuadamente.