Alicia Franco, la icónica militante del uribismo, salió a defender a Álvaro Uribe: “Si lo meten preso, nos tienen que meter presos a 50 millones de colombianos”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los temas noticiosos más destacados de esta semana a raíz de una audiencia de la que se retiró, respaldado por su abogado Jaime Granados, supuestamente por no contar con las garantías procesales mínimas.

Varios de sus simpatizantes y militantes del Centro Democrático se han pronunciado a su favor, señalando que el proceso investigativo es una persecución política y un mecanismo para anular su trascendencia en la opinión pública colombiana.

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Una de sus defensoras en redes es Alicia Franco, una mujer de la tercera edad que fue candidata en las pasadas elecciones legislativas, quedando en los últimos puestos, lo cual no fue impedimento para que solicitara públicamente una revisión.

Uribe Vélez publicó un post en el que, con once puntos, explicó las razones que lo llevaron a abandonar la audiencia. En la caja de comentarios, varios de sus simpatizantes lo apoyaron. Allí también se leen las palabras de Alicia Franco, quien una vez más dejó ver su predilección por el político antioqueño.

“Presidente Uribe, la izquierda quiere meterlo preso, pero si lo meten preso nos tienen que meter presos a 50 millones de colombianos”, se lee en su mensaje en X.

A través de un hilo en su cuenta de X, el expresidente Uribe expuso once puntos en los que fundamenta su decisión, destacando principalmente la falta de garantías procesales.

Uno de los argumentos clave del exmandatario es que la jueza no le otorgó más tiempo para revisar pruebas que fueron presentadas a última hora.

Según Uribe, en septiembre la magistrada había aceptado que la defensa necesitaba acceder al teléfono y al computador del testigo Juan Guillermo Monsalve, dispositivos que estaban en poder de la Corte Suprema. Sin embargo, dicho acceso no se completó sino el lunes 30 de septiembre, al final de la tarde, lo que dejó a su equipo con poco tiempo para analizar los datos.

Uribe indicó que los dispositivos de Monsalve contienen más de 800 gigas de información, por lo que los peritos solicitaron un plazo adicional para realizar una inspección exhaustiva. Sin embargo, la jueza negó dicha solicitud.

Además, el expresidente subrayó que la copia digital de la información, proporcionada por la Fiscalía, no es suficiente, ya que es necesario contar con los dispositivos originales para hacer una verificación completa.

En su declaración, Uribe también señaló que la Fiscalía tiene conocimiento de una “incongruencia grave” entre una copia original enviada a la Corte y los dispositivos de grabación que fueron entregados recientemente, pero que este hecho no ha sido revelado.

Por estas razones, su abogado, Jaime Granados, se retiró previamente de la audiencia, y Uribe decidió hacer lo mismo tras la negativa de la jueza a conceder más tiempo para la revisión de las pruebas. “Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas, ante su negativa no me dejó opción que retirarme”, afirmó el exmandatario.

Una fuerte discusión se registró en medio de la audiencia preparatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, llevada a cabo el 2 de octubre de 2024, en la que la defensa del procesado pidió el aplazamiento para poder revisar algunas pruebas. Pues, el abogado Jaime Granados, apoderado del exmandatario, tuvo acceso al celular y al computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso.

La jueza no permitió el aplazamiento, alegando que se trataría de una estrategia dilatoria por parte del abogado de Uribe.

“Para evitar que el proceso se dilate en forma innecesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor. Sino que podría también entonces el despacho asegurar que al defensa parte del principio de la mala fe en la Fiscalía y que esa copia espejo no corresponda entonces con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. En manera alguna se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”, precisó.