Siguen revelaciones en caso David Racero: habrían transferido dinero a cuentas del padre y del hermano del congresista

Un reciente informe del periodista Daniel Coronell expone presuntas irregularidades en las finanzas del congresista David Racero, actual presidente de la Cámara de Representantes.

Según el reporte, varios miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habrían realizado transferencias de dinero a familiares del congresista.

Uno de los casos más llamativos involucra a la asesora Estefanía Montoya, quien, de acuerdo con Coronell, realizó varios pagos a Racero.

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Ambos han justificado estas transacciones como “préstamos recíprocos”, aunque las evidencias solo muestran depósitos de Montoya al congresista y no a la inversa. Las investigaciones de la Procuraduría y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analizarán los movimientos de las cuentas de Montoya y Racero para determinar la legalidad de estas y otras transacciones.

Uno de los depósitos más controvertidos fue de $5.320.000, realizado el 24 de diciembre de 2018 desde Puerto Carreño, Vichada, en la cuenta personal de David Racero.

Este depósito navideño coincide con el tiempo en que tanto Montoya como su esposo, Yidis Gahona, trabajaban en la UTL de Racero. Gahona, originario de Puerto Carreño, renunció en medio de denuncias de acoso sexual y actualmente trabaja en la Presidencia de la República.

Otro caso involucra a la asesora Viviana Marcela Moreno, quien, según documentos bancarios, hizo una transferencia de $4.000.000 el 22 de diciembre de 2019 a la cuenta de Jorge Eliécer Racero, padre del congresista.

Moreno, al ser contactada por Coronell, afirmó no recordar haber realizado dicha transacción, pero los registros del banco Davivienda confirman la transferencia. Además, otra transacción de $2.000.000 desde la misma cuenta de Moreno fue hecha en abril de 2019 a Jorge Luis Racero Mayorca, hermano de David Racero.

Coronell contactó a David Racero para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Este caso ha generado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y manejos irregulares dentro de la UTL del congresista, lo que ha motivado investigaciones disciplinarias y penales.

En el reporte del 30 de septiembre para La W, el periodista Daniel Coronell reveló una serie de mensajes y comunicaciones que comprometen, nuevamente, al representante a la Cámara, David Racero, en posibles conductas irregulares.

Se trata de mensajes en los que Racero supuestamente discute el reparto de contratos en el Cesar con Álvaro Londoño, un director del Sena.

En estos intercambios, Racero sugiere que su “tío”, José Luis Mayorca, podría hablar con el director regional sobre esos contratos. Mayorca es un médico y político del Cesar que ha buscado, sin éxito, ser gobernador y senador, y cuyo nombre ha sido vinculado a cuestionamientos en torno a la administración de recursos de campaña, según información de Coronell.

El periodista también recordó que, durante la presidencia de Racero en la Cámara de Representantes, tres personas contratadas por la Cámara terminaron haciendo donaciones a la campaña de Mayorca, lo que generó sospechas sobre la posible relación entre los contratos y los aportes económicos.

En una columna publicada el 29 de septiembre, también de Daniel Coronell, se hacen públicas unas comunicaciones relacionadas con la administración de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y su gestión de influencias políticas. Los señalamientos incluyen la presunta retención de parte del salario de una de sus asesoras, así como el uso de un asistente legislativo en actividades privadas.

Según los mensajes publicados, Racero habría solicitado parte del salario de Estefanía Montoya, miembro de su UTL, e incluso en al menos una ocasión, ella habría pagado su tarjeta de crédito. Esta situación se desprende de una conversación en la que Montoya indica recibir un salario de 8.158.000 pesos, de los cuales entrega 3.500.000 pesos a su esposo, Yidis Gahona, y se queda con el resto. En otro mensaje, Racero le pide a Montoya que pague su tarjeta de crédito, lo que Coronell considera como evidencia de un posible mal uso de recursos públicos.