La Fiscalía General de la Nación imputó a los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por permitir salidas no autorizadas del empresario Carlos Mattos, quien estaba bajo medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, en Bogotá.
Mattos, condenado a cinco años de prisión por corrupción en el caso Hyundai, tenía autorizadas salidas para citas médicas. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que en al menos cuatro de las 13 salidas, este desvió su recorrido para ir a su oficina, con la presunta ayuda de Guerrero, Rojas y Caballero.
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Estos funcionarios enfrentan cargos por prevaricato y peculado, acusados de facilitar las salidas irregulares del empresario. De acuerdo a la declaración dada en audiencia, los tres implicados no aceptaron los cargos por los que fueron judicializados.
Tras la revelación de las salidas irregulares por parte del medio Noticias Caracol, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ordenó el traslado de Carlos Mattos a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Además, el director de La Picota en ese momento, Wilmer José Valencia, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación.
La Fiscalía también detalló que los dragoneantes implicados cambiaron el vehículo oficial del Inpec por un automóvil particular para facilitar los desplazamientos de Mattos a su oficina, donde se reunía con abogados y allegados.
La investigación reveló que Mattos ejercía un notable poder dentro de los centros penitenciarios, al punto de exigir que se le permitiera llevar su celular durante los traslados. La fiscal del caso explicó que en las resoluciones médicas, Mattos manifestaba que no saldría del patio sin su teléfono, y los funcionarios del Inpec cumplían con su requerimiento.
En una visita a las celdas de Carlos Mattos en La Picota, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo no encontraron irregularidades, a pesar de las denuncias sobre lujos y remodelaciones en sus sitios de reclusión.
Sin embargo, la Fiscalía detalló que Mattos utilizaba su influencia para que los guardianes lo trasladaran a su edificio en el norte de Bogotá, permitiéndole el uso de su celular y el contacto con personas y familiares, actos prohibidos por el manual de funciones del Inpec.
Cómo empezó el caso Hyundai
De acuerdo a la investigación del medio El Tiempo, en enero de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció una investigación por la presunta manipulación del sistema de reparto de procesos judiciales, un hecho que involucraba a Carlos Mattos, entonces presidente de Hyundai Colombia Automotriz.
La investigación se centraba en la demanda que Mattos había presentado en 2016 contra Hyundai Motor Company, tras la decisión de la empresa coreana de no renovar su contrato de distribución en Colombia después de 25 años de relación comercial.
En septiembre de 2015, Hyundai Motor Company decidió transferir la representación de la marca en Colombia a Neocorp, una empresa del grupo ecuatoriano Eljuri.
Según el medio citado, la decisión llevó a Mattos a demandar a Hyundai por más de 770 mil millones de pesos, alegando competencia desleal, inducción a la ruptura del contrato y uso indebido de la marca Hyundai en Colombia. Mattos buscaba que la justicia colombiana determinara que solo su compañía podía vender los vehículos Hyundai en el país.
En abril de 2016, el juez sexto civil del circuito, Reinaldo Huertas, falló a favor de Mattos, estableciendo que este era el único autorizado para comercializar los vehículos Hyundai en Colombia hasta que se resolviera la demanda.
Esta decisión paralizó la venta de más de 20 mil automóviles Hyundai, ya que Neocorp no podía comercializarlos y solo se vendían los vehículos que estaban en el inventario de los concesionarios.
En noviembre de 2016, Mattos y Neocorp llegaron a un acuerdo en el que Neocorp se encargaría de la distribución de Hyundai en Colombia y Mattos recibiría una indemnización. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía reveló que el fallo judicial a favor de Mattos podría haber sido manipulado.
Según la Fiscalía, el juez Huertas habría recibido 73 millones de pesos para fallar a favor de Mattos. Huertas fue capturado y acusado de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado y cohecho impropio.
Mattos también sobornó la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien recibió cerca de 100 millones de pesos para permitirle continuar vendiendo vehículos Hyundai en Colombia hasta que los hechos fueron descubiertos en 2018.
Durante la audiencia de imputación de cargos, Huertas confesó que en reuniones con Luis David Durán, abogado de confianza de Mattos, y Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito, se acordó el pago de hasta 2.000 millones de pesos.
Durán fue señalado como el enlace entre Mattos y los manipuladores del sistema de reparto, y fue enviado a la cárcel de La Modelo.
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