Estos son los puntos claves de la bancada antioqueña para salvar las finanzas de la Universidad de Antioquia

Un grupo de congresistas de la bancada antioqueña decidió enviar una carta al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, en la que expresó su preocupación por la crisis financiera que enfrenta la Universidad de Antioquia, considerada la institución pública de educación superior más relevante del departamento. Esta comunicación se produjo justo antes de que se anunciaran las conclusiones de la Asamblea Multiestamentaria de la universidad, la cual se había convocado con el objetivo de buscar soluciones a la crítica situación económica que atraviesa la universidad.

Al mismo tiempo, el ministro se preparaba para realizar una visita al alma máter, lo que hacía aún más pertinente el llamado de los congresistas. La carta fue respaldada por 25 legisladores que representan a la región, incluidos líderes de las luchas estudiantiles, como la representante Jennifer Pedraza. En el documento, presentaron un conjunto de propuestas al Gobierno, buscando así alternativas para mitigar el impacto de la crisis financiera en la universidad.

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En la misiva, enfatizaron que “la universidad requiere acciones urgentes para no comprometer su funcionamiento en el corto y mediano plazo. Como antioqueños, sabemos la importancia de la corresponsabilidad en los momentos de crisis”.

Reconociendo la gravedad de la situación, los legisladores presentaron un conjunto de cinco propuestas al gobierno para abordar esta crisis. De estas, dos se dirigieron a la Gobernación de Antioquia y tres a la Alcaldía de Medellín. La Universidad de Antioquia, junto a la Universidad Nacional, es considerada una de las instituciones educativas más destacadas de la región y del país, por lo que los esfuerzos para estabilizarla eran urgentes.

Los congresistas solicitaron al Gobierno nacional que reconociera la significativa inversión que la Universidad de Antioquia ha realizado en los municipios PDET, que asciende a aproximadamente 64 mil millones de pesos anuales. Argumentaron que esta inversión es fundamental para la construcción de la paz en el país y que su reconocimiento es esencial en el actual contexto.

Además, en la carta se hizo un llamado para que se actualizara el cálculo actuarial del pago pensional, así como para que se aumentara la frecuencia de estos pagos. Los congresistas advirtieron que, de no tomarse estas medidas, la universidad podría verse obligada a asumir costos que, según ellos, deberían corresponder al Estado. Para ello, insistieron en la necesidad de realizar transferencias oportunas que aseguren que los recursos lleguen a tiempo y de forma adecuada.

Así mismo, solicitaron que la universidad pudiera acceder a créditos blandos. En este sentido, pidieron al Ministerio de Hacienda que actúe como intermediario con las entidades financieras estatales para facilitar condiciones de pago y tasas favorables que beneficien a la institución.

Un aspecto crucial dentro de este catálogo de propuestas estaba relacionado con las fuentes de financiación. Los firmantes expresaron en su misiva: “Proponemos que el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio realicen una modificación al Manual Operativo de Obras por Impuestos para que las universidades públicas de educación superior también puedan apalancar sus apuestas en estos territorios a través de este mecanismo”.

Además, los legisladores hicieron un quinto reclamo, solicitando la garantía de una transferencia de recursos adicionales para el 2024. Exigieron que esta transferencia corresponda a un incremento de 5 puntos porcentuales del IPC, advirtiendo que, hasta el momento, los giros recibidos apenas equivalen a 2,82 puntos. Esta diferencia podría tener un impacto significativo en la capacidad de la universidad para afrontar sus desafíos financieros.

Sin embargo, las preocupaciones sobre el futuro financiero de la Universidad de Antioquia no se limitaban al ámbito nacional. La bancada antioqueña también pidió a la Gobernación de Antioquia que aumentara su aporte a la universidad en 5 puntos adicionales del IPC. Además, sugirieron evaluar la posibilidad de devolver o eximir a la institución del impuesto especial por obra, lo que podría suponer un alivio financiero de alrededor de mil millones de pesos.

Por último, los legisladores solicitaron a la Alcaldía de Medellín una contribución de 20.000 millones de pesos para la universidad. Además, piden que se le otorgue una exención del impuesto predial y que se establezca una tarifa diferencial para los servicios públicos que utiliza la institución.