Contraloría General alertó por el déficit de $12 billones: riesgo para la economía colombiana

La Contraloría General de la República manifestó profundas inquietudes sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025, el cual asciende a 523 billones de pesos y fue expedido directamente por el presidente Gustavo Petro después de que el Congreso de la República no aprobara el proyecto de ley correspondiente. Las preocupaciones se centran en varios puntos críticos, principalmente en el déficit de 12 billones de pesos y la reducción de los recursos destinados a inversión.

Uno de los puntos más alarmantes para el ente de control es el déficit fiscal. Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez, esta falta de 12 billones de pesos es un riesgo financiero que debe abordarse de manera urgente mediante un proyecto de ley de financiamiento. De lo contrario, podría poner en peligro la estabilidad económica del país, advirtió Rodríguez. Además, instó al Gobierno a garantizar que el presupuesto aprobado sea completamente ejecutable, evitando así posibles advertencias futuras de la Contraloría.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Otro aspecto que preocupa profundamente a la Contraloría es la reducción del 17,4% en los recursos destinados a la inversión, lo que afectará a sectores estratégicos como la vivienda y la agricultura. Rodríguez advirtió que esta reducción podría comprometer las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y en particular, obstaculizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el país adaptó como guía para su crecimiento.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) también es una fuente de inquietud. La Contraloría señaló que el Gobierno debe definir claramente cómo se financiarán las cuentas del Fepc, dada su importancia para mantener la estabilidad de los precios de los combustibles y, por ende, la sostenibilidad fiscal general del país. Sin una estrategia de financiamiento clara para este fondo, los impactos podrían ser significativos tanto a nivel fiscal como para la economía en general.

El contralor también hizo un llamado de atención sobre los riesgos fiscales asociados a las desviaciones entre las estimaciones de ingresos y el recaudo efectivo de la Dian. Según Rodríguez, estas discrepancias llevaron a que en 2024 el Gobierno tuviera que hacer un recorte presupuestal de 20 billones de pesos, y prevé que será necesario hacer otro recorte antes de que finalice el año debido a la baja probabilidad de cumplir las metas de recaudo previstas.

Rodríguez criticó además la inclusión de ingresos inciertos en el presupuesto, como sucedió en 2024, cuando se incorporaron recursos provenientes de litigios adelantados por la Dian que finalmente no se recaudaron, lo que obligó al Gobierno a aplazar partidas presupuestarias. “No se pueden incorporar al presupuesto ingresos inciertos”, explicó el contralor, destacando que estos errores de proyección generan una ejecución presupuestal ineficiente y ponen en riesgo el cumplimiento de las políticas públicas.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por equilibrar las finanzas nacionales, la Contraloría advierte que estos desafíos fiscales podrían afectar la implementación de políticas clave y los avances sociales y económicos que se buscan para los próximos años.

El déficit de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2025 presenta riesgos económicos serios para Colombia. Un déficit de esta magnitud podría aumentar la deuda pública, lo que obligaría al Gobierno a buscar más financiamiento, afectando la estabilidad financiera y aumentando la carga futura de impuestos o ajustes fiscales.

La reducción del 17,4% en inversión impactará áreas clave como vivienda y agricultura, limitando el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto podría frenar la expansión de la infraestructura necesaria para mejorar la productividad del país, afectando directamente el bienestar de las poblaciones más vulnerables.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) también enfrenta riesgos, lo que podría llevar a un alza en los precios del combustible. Un incremento en estos costos afecta a toda la economía, provocando aumentos en los precios de bienes y servicios básicos, contribuyendo a la inflación y disminuyendo el poder adquisitivo de los hogares.

Finalmente, la inclusión de ingresos inciertos aumenta la posibilidad de más recortes presupuestales. Estos recortes afectarían directamente los proyectos y programas sociales, reduciendo el impacto positivo que podrían tener en el desarrollo y bienestar de la población.