El exsenador del Centro Democrático aseguró en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que el proceso en su contra por el escándalo de corrupción conocido como ‘Marionetas II’ es un “montaje”.
A Ramírez se le acusa de los siguientes delitos: cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos y delinquir agravado.
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Desde la cárcel La Picota, el exsenador indicó en la diligencia del magistrado Jorge Caldas, de la Corte Suprema, que “aquí se han dicho muchas mentiras por parte de los testigos, han creado este montaje desde la cárcel con varias personas que estaban en la cárcel en ese momento y en el juicio lo demostraremos cómo se fraguó esta visita mía a la cárcel y que, además, es una de la razones de mi privación de la libertad”.
Y advirtió: “Yo no sé si fue equivocación o por qué se equivocaron y pusieron en contacto con personas involucradas en el proceso y resulta que la persona de mi UTL no era, sino era otra persona con el mismo nombre, y eso lo argumentaron para mi privación de la libertad (...) vamos a radicar una denuncia penal contra los testigos de cargo que dijeron que yo había entrado como abogado y la solicitud que yo hice al Inpec la hago como Senador de la República”.
El exsenador del Centro Democrático en la Sala de Primera Instancia negó cualquier participación en el convenio que realizaron Proyecta y el Departamento de Prosperidad Social. Ramírez detalló que Pablo Herrera, testigo de cargo,y el exgobernador del Quindío Roberto Carlos Jaramillo, habría hecho gestiones para sacar adelante los contratos.
Ramírez detalló que ni el exgobernador ni los acaldes nombrados terminaron en la investigación. “Todo esto se hizo previo al inicio de la campaña para el Congreso 2022-2026, y para soportar esto no fui durante la campaña al departamento de Quindío”, aseveró el exsenador.
Esta audiencia se realizó porque el alto tribunal, mediante una decisión con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, determinó que no se evidenciaron vulneraciones al derecho a la defensa ni al debido proceso, como alegaba su defensa.
El excongresista del Centro Democrático enfrenta cargos graves de corrupción por delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Estos cargos están relacionados con hechos que ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando se habrían manipulado procesos de contratación pública en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La defensa del exsenador argumentaba que durante la etapa de instrucción se vulneraron sus derechos, especialmente el derecho a la defensa. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema concluyó que no había pruebas suficientes para justificar esta afirmación. En consecuencia, se rechazó la petición de anular el proceso en su contra.
Ramírez ha estado bajo prisión preventiva desde diciembre de 2023, cuando las investigaciones en su contra se consolidaron. A pesar de la insistencia de la defensa en señalar irregularidades en el proceso, la Corte Suprema de Justicia decidió que las condiciones de su detención preventiva se mantendrán mientras avanza el juicio.
Aunque la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad, sí aceptó pruebas testimoniales solicitadas por la Procuraduría General de la Nación y la defensa del exsenador. Entre los testigos aceptados por el tribunal se encuentran varias figuras clave que podrían arrojar luz sobre la presunta red de corrupción dentro del DPS.
Entre los testigos aprobados a petición de la Procuraduría se encuentran: Juan Carlos Castaño Posada, Ricardo Guarnido Morales, Agustín Manrique Galeano, Julio César Pérez Ángel, Juan Carlos Martínez Rodríguez, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Ricardo Orozco Valero y Luis Jorge Rodríguez Peña
Estos testimonios se suman a los pedidos por la defensa de Ramírez, que incluyen a personas como Juan Carlos Merchán, Óscar Alfonso Gallego López y Sandra Patricia Sánchez Cañas, entre otros.
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