Ministro de Minas cerró la puerta a los contratos con petroleras: “La Cámara no le dice al Gobierno qué hacer”

Andrés Camacho aseguró que buscan alternativas para encontrar nuevas fuentes energéticas que impulsen el cuidado del medio ambiente

Andrés Camacho, ministro de Minas, aseguró no reanudará contratos con petroleras - crédito Ministerio de Minas

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó que el Gobierno nacional no tiene contemplado reanudar los contratos con las petroleras. Según el titular de la cartera, el Estado colombiano no acatará la propuesta que aprobó la Cámara de Representantes, que ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, continuar con los contratos.

“La Cámara de Representantes es parte de uno de los poderes del Estado, pero no le ordena al Gobierno nacional lo que debe o no debe hacer, así que nosotros seguimos con nuestra política de eficiencia en materia de hidrocarburos usando las áreas y las hectáreas que ya están entregadas, que hay que recordar son 16 millones de hectáreas para la exploración en el país”, indicó.

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A las petroleras no les gustaron las declaraciones del ministro de Minas - crédito Luis Manuel Lopez/File Photo

Camacho también sostuvo que no entregar más contratos de exploración a las petroleras no compromete ni la hoja de ruta de transición energética que tiene el Gobierno Petro. A propósito, dijo que no tendrá ninguna repercusión en la seguridad energética del país.

Así las cosas, extendió una invitación a las empresas de hidrocarburos a trabajar y participar en el plan que tiene su cartera para avanzar hacia las energías renovables, que, a su juicio, juegan un rol clave para el futuro del país.

“Estamos a puertas de cerrar el año más caluroso de la historia desde que tenemos registro. 174 años de registros de la NOAA y este parece ser el año más caluroso que hemos tenido”, señaló el ministro Camacho.

“Eso nos lleva a muchas reflexiones por supuesto el papel de los hidrocarburos en la emisión de gases de efecto invernadero, de la responsabilidad que tiene la industria pero también por supuesto de la necesidad de avanzar desarrollar y consolidar la sustitución de energéticos sin que por supuesto, y es parte de esta discusión, eso vaya en contravía a la seguridad y de la soberanía energética”, agregó.

Las palabras del ministro de minas no sentaron bien entre las empresas del gremio petrolero, que expresaron su preocupación ante la falta de orden y garantías del Gobierno nacional, puesto que no se han cumplido los puntos establecidos en la política oficial de transición energética.

Por lo anterior, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) hizo un llamado al Ministerio de Minas y al presidente Petro para que dentro de lo dispuesto en el plan de transición energética se tenga en cuenta el apoyo del sector a la economía y finanzas estatales. Además, pidió que se contemplen los efectos que tendrá no entregar contratos de exploración para la estabilidad económica, la generación de empleo y la lucha contra la pobreza del país.

Las petroleras aseguraron que es necesario que el Gobierno contemple la su rol en la economía colombiana - crédito Ernest Scheyder/Reuters

“Una transición energética a la colombiana significa un consenso, un consenso nacional para lograr transición energética, transición económica y transición social. Con un esquema de políticas públicas, libres de extremos ideológicos, que nos permitan no ir hacia la izquierda, no ir hacia la derecha, sino ir hacia adelante, hacia donde debemos ir, hacia donde debemos avanzar”, dijo el presidente de la ACP Frank Pearl.

De igual manera, la ACP resaltó su preocupación por la presencia de grupos amados en las refinerías que han generado retrasos en trámites ambientales y problemas de seguridad en las regiones.

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) también se unió a las peticiones de ACP, e instaron al Gobierno a que considere al gas natural como un activo vital para llevar a cabo la transición energética en Colombia. Asimismo, solicitó al Estado dar garantías de que está en capacidad de mantener el suministro de hidrocarburos y sus derivados en el país.