La nueva exigencia que le hicieron al Gobierno Petro para que las reformas sociales puedan salir adelante

En un reciente informe presentado al Congreso de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) insistió en la necesidad de hacer un análisis exhaustivo del impacto fiscal de las reformas sociales propuestas por el Gobierno en el contexto de la situación actual de las finanzas públicas. En el documento, la entidad advirtió sobre la urgencia de un examen detallado de reformas como las del Sistema General de Participaciones y la salud para salvar la sostenibilidad fiscal del país.

De acuerdo con el informe del comité, se detalla que las perspectivas fiscales del Gobierno Nacional Central (GNC) para los próximos dos años se ven afectadas por la incertidumbre en los ingresos y las presiones de gasto, lo que genera un riesgo sobre el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de la deuda.

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Las proyecciones de mediano plazo del Gobierno, comprendidas entre 2026 y 2035, muestran una recuperación esperada en los ingresos, pero persisten desafíos importantes en cuanto a la gestión del gasto y la sostenibilidad de la deuda. “El escenario de mediano plazo (2026-2035) del Gobierno muestra una esperada recuperación en los ingresos, pero persisten desafíos en materia de gasto y sostenibilidad de la deuda“, destacó el informe del Carf.

El Carf insistió en que la generación de ingresos estructurales adicionales y el control efectivo del gasto público son elementos esenciales para mejorar la situación fiscal del país. “La generación de mayores ingresos estructurales, un control efectivo del gasto público y la implementación de medidas para flexibilizar el presupuesto son cruciales para mejorar el panorama fiscal del GNC“, indica.

Con relación a los gobiernos territoriales, el comité señaló que se enfrentan retos similares a los del Gobierno Nacional Central, aunque el desempeño de los gobiernos regionales, locales y la seguridad social podría contrarrestar de manera parcial el déficit del Gobierno Central.

Además, el Carf enfatizó la necesidad de monitorear de manera constante la dinámica fiscal de estos sectores para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a nivel territorial y de la seguridad social.

“Es fundamental monitorear la dinámica fiscal de estos sectores y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a nivel territorial y de la seguridad social”, puntualiza el informe. El documento añade que “resulta indispensable que las discusiones legislativas sobre reformas que implican cambios en los ingresos y/o gastos de estos dos sectores sean discutidas teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal del país”.

Este documento solo representa un nuevo llamado al Gobierno Petro sobre la economía colombiana. Por ejemplo, ante la modificación de la regla fiscal, la norma que establece un límite para el endeudamiento del Gobierno nacional (el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), viene generando polémica desde hace varios meses.

En diferentes ocasiones, tanto el presidente Gustavo Petro, como algunos funcionarios del Gobierno sugirieron que es necesario hacerlo para tener más capacidad de ejecución, pero expertos aseguran que esto le traería inconvenientes al país, sobre todo, en cuanto a la desconfianza de los mercados, limitaría el grado de inversión y haría que capitales salieran del país.

Ante esto, el Carf se pronunció por medio de un documento en el que reconoció que el Gobierno nacional cumplió con el déficit fiscal máximo trazado por la Ley de la Regla Fiscal para 2023 (balance total -4,3%, balance primario -0,4%, balance primario neto estructural -1,3% del PIB).

Calcula que la deuda neta como proporción del PIB se redujo a 53,1% (4,7% del PIB menos que en 2022). El año pasado, la deuda neta cerró por debajo del ancla definida por la Ley para esta variable, de 55% del PIB.

Recordó que la regla fiscal incorpora los ciclos en el ingreso petrolero y en la actividad económica, con lo cual, entre el MFMP y el cierre de 2023, se generó espacio fiscal que permitió al Gobierno hacer un gasto estructural adicional.